Ecuador. jueves 23 de noviembre de 2017
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La muralla

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

A medida que el país va recibiendo más y más información del exterior sobre la red de corrupción orquestada por el anterior régimen –ya nadie duda de que fue, en efecto, el régimen más corrupto de la historia del país–, y a medida que avanzan los pocos procesos penales, y a pesar de sus evidentes errores, ambigüedades, y lentitud, va quedando en claro que el saqueo de los fondos públicos que sufrió la república tuvo como pilares fundamentales la política de amordazamiento al periodismo y el control del sistema judicial. Esos dos pilares fueron los elementos necesarios para que la pandilla de delincuentes que nos gobernó haga de las suyas impunemente.


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Lo increíble fue que ambos pilares –amordazamiento de la prensa y control de la justicia– fueron legalizados e institucionalizados. De esta manera la violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y del debido proceso, que implica, entre otras cosas, tener un poder judicial independiente, se la hizo “legalmente”, dejando así el campo abierto para que la mafia pueda saquear las arcas fiscales. Hoy se calcula que las pérdidas por la corrupción en la última década bordean los 30.000 millones de dólares. (Dinero que ahora tendrá que pagarlo el país con impuestos y deuda…). Con una prensa libre, con medios de comunicación sólidos y con un Poder Judicial independiente, ese saqueo no habría sucedido.

No hay que llamarse al engaño. Nunca se buscó realmente “democratizar la comunicación”, ni acabar con los dizque monopolios mediáticos. Lo que se buscó fue erigir una muralla jurídica e institucional lo suficientemente ancha, alta y fuerte para que la prensa independiente no pueda registrar y publicar cómo robaban a sus anchas y cómo se enriquecían de la noche a la mañana. No solamente que es un absurdo aquello de ver a la libertad de expresión como un “servicio público”, y de que habría un contrapunto entre servicio público y derecho. (De hecho, con esa lógica, la libertad de credo también debería ser un servicio público, como deberían serlo el derecho a la intimidad, el derecho de propiedad, el derecho a la libre contratación, etc.). Es que, además, semejante visión no tiene asidero en los tratados de derechos humanos, ni en las resoluciones de la CIDH o de la ONU, ni en las tendencias modernas de comunicación.

En realidad, de lo que se trató fue de darle un manto académico –una ideología, dirían algunos– a lo que fue realmente un objetivo nada académico: facilitar la corrupción. Aquí no hubo izquierda ni socialismo, solo desbocada ambición por enriquecerse. ¿O es que alguien cree que fue una coincidencia que la ley mordaza haya sido concebida justo cuando, según el reciente informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se inició la instalación de la gigantesca maquinaria de corrupción que hoy comienza a conocerse? Parecería, entonces, que la ley mordaza cumplió el cometido de sus autores, y bien podría uno de sus beneficiarios decir orgullosamente: “¡Lo hicimos, … lo logramos!”. (O)