Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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Asamblea esperará sentencia antes de decidir situación de Esperanza Galván

Miguel Salvatierra, Esther Ortiz, Esperanza Galván y el vicepresidente Jorge Glas, en foto de fecha indeterminada.

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional ha decidido esperar que la Corte Nacional de Justicia decida, en sentencia ejecutoriada, la culpabilidad o inocencia de la asambleísta de PAIS, Esperanza Galván, que el lunes fue acusada por el Vicepresidente Jorge Glas de recibir 800 mil dólares en relación a una contratación de obra pública en Esmeraldas.


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Galván está procesada por cohecho. El vicepresidente Glas ha mencionado también a Miguel Salvatierra Barberán, a quien describió como “antiguo gerente de la empresa potable de Esmeraldas”, y a una tercera persona que habría sido partícipe de los hechos de corrupción, a quien identificó como Walter De la Torre Cevallos. Todos ellos tienen orden de prisión de preventiva de 90 días, dictada por la Corte Nacional de Justicia.

La legisladora habría cobrado $ 800.000 a la empresa Promocaledonian Ecuador S.A, una contratista de obras de infraestructura en Esmeraldas, según ha reportado el portal oficial El Telégrafo. La compañía buscaba un contrato valorado en $ 23.9 millones para el cambio de tuberías de agua potable en Esmeraldas y que se licitó en 2013. Ya habría recibido un anticipo de $ 10 millones.

Según ha denunciado el vicepresidente Jorge Glas, los contratistas habrían entregado el dinero a Miguel Salvatierra, exgerente de la empresa de agua potable de Esmeraldas. Este a su vez habría dado la plata a un tercero, Walter de la Torre, a pedido de la legisladora, representante de Esmeraldas, quien “se habría tomado el nombre del Vicepresidente”.

Según el portal de El Telégrafo, sin citar fuentes, la asambleísta habría usado esos fondos para comprarse un departamento en las playas de Tonsupa, en Esmeraldas. Promocaledonian Ecuador S.A tiene 2 accionistas, con capital español: Iber Buelding y Mengala Dos. Debido a su participación, el fiscal Galo Chiriboga pidió que la empresa fuera sindicada.

La Fiscalía solicitó además la suspensión de actividades en todas sus sucursales y el congelamiento de sus bienes y el de los accionistas. Para la asambleísta y los otros 2 implicados pidió la prisión preventiva, tras ser acusados de cohecho o soborno. Luego de deliberaciones, la jueza nacional Silvia Sánchez dictó la orden de prisión preventiva por 90 días contra los 3 implicados. Los representantes de la empresa que supuesta hizo el pago no han sido sindicados.

(I)