A sangre fría. Texas ejecuta a un mexicano

Pese a la petición del propio Barack Obama, que advirtió de que la ejecución de Humberto Leal sería una violación de las leyes internacionales, nada ha frenado la voluntad del gobernador de Tejas, Rick Perry, de aplicar hoy la inyección letal a este mexicano de 38 años que se ha convertido en el último símbolo de la polémica por la pena de muerte en Estados Unidos.

Humberto Leal esperaba en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville a que un milagro le salvara su vida. Pero una hora antes de la hora límite, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaba la petición de sus abogados y confirmaba la ejecución. Que paralizase la ejecución era una orden improbable del Tribunal Supremo, al que la Casa Blanca pidió intervenir para evitar lo que considera «un daño irreparable a las obligaciones de EE UU con la legislación internacional». Tan solo quedaba esperar el milagro en la forma de una clemencia inesperada del gobernador Perry, que habría podido posponer 30 días la sentencia de muerte. Una clemencia que no ha llegado. Los abogados de Leal confirmaban su muerte pasados pocos minutos de la hora prevista. «EE UU no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley y trágicamente el señor Leal sufrió las consecuencias», ha sentenciado Sandra Babcock, que encabezaba la defensa de Leal, a Efe.

Leal recibió el jueves por la mañana las últimas visitas de sus amigos y familiares, entre ellos su hermana Mary, que estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos de la prisión de Huntsville, dotada de cristales blindados. Más tarde llegaría su última cena: tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca colas.

En su argumentación ante el Supremo y ante el gobernador de Tejas, los abogados de Obama denunciaron que Leal, como ciudadano mexicano, aunque emigrado de niño a Tejas, debería de haber sido informado de su derecho a contactar con el consulado mexicano tras su detención en 1994 como sospechoso del asesinato de la joven Adria Sauceda.

El gobernador Perry es una destacada figura del Partido Republicano con confesadas intenciones de aspirar a la presidencia. Pertenece a su ala más conservadora, la que corteja los votantes que exigen ley y orden en la frontera y mano dura con los inmigrantes mexicanos.

Humberto Leal era un inmigrante sin educación que llegó con dos años a este país y trabajaba como mecánico en San Antonio cuando fue detenido. Fue la última persona a la que se vio con la víctima y en su casa se encontró una blusa con sangre que pertenecía a la muchacha asesinada. A las pocas horas de su arresto, confesó ser el autor del crimen.