La empresa cementera Holcim ha denunciado penalmente al perito Jimmy Ricardo Franco, al que acusa de no aplicar los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en un fallo de 2014 en un antiguo conflicto planteado por exempleados de la Cemento Nacional (hoy Holcim), que piden desde el año 2000 un pago jubilar, sin ponerse de acuerdo con la empresa en la manera en que se debe calcular ese fondo.
Ese fondo jubilar debía estar conformado por dos centavos de sucre (la antigua moneda ecuatoriana) por cada kilo de cemento vendido por la empresa y que esta, como agente de retención, debía entregar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Desde entonces la discusión se ha centrado en cómo debían calcularse esos «dos centavos de sucre» tras la dolarización, decretada en el año 2000.
El proceso fue resuelto en 2014 por la Corte Constitucional y Holcim debió pagar US$3 millones a los demandantes, pero estos iniciaron una nueva querella, ahora en manos de la jueza Vanessa Wolf Avilés, que nombró al perito Franco, ahora demandado por Holcim.
De acuerdo al peritaje de Franco, impugnado por Holcim, la cementera debe pagar alrededor de US$100 millones a los antiguos trabajadores. El perito también ha establecido que se deben pagar US$35 millones a los abogados de los trabajadores que han patrocinado la causa.
Holcim alega que el perito ha distorsionado la base del cálculo y que además ha establecido un mecanismo indexatorio no previsto en la resolución de la Corte Constitucional de 2014, al que ha agregado un pago de intereses que considera desproporcionado.
La cementera advierte que «continuará denunciando ante la justicia cualquier intento de perjuicio que se pretenda cometer en este proceso», pide que se deseche el que describe como «fraudulento peritaje» y se nombre a un nuevo perito que proceda de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional de 2014.
.