La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha declarado, la tarde de este lunes 3 de marzo, que el proceso para delegar a una empresa privada la operación del campo petrolero Sacha, no es una privatización. Y que el país necesita los US$1.500 millones que el Estado recibirá de entrada por esa adjudicación.
La ministra comentó que al delegar la operación del bloque Sacha, el país gana pues «son recursos que no están atados a ninguna deuda», los 1.500 millones de dólares, que es el valor de la prima, «se destinarán a obra social».
«No son para pagos al Fondo Monetario Internacional ni el pago de la deuda (…), 82 % de los beneficios para el Estado tras liquidar la renta petrolera; 3.500 millones de ahorro en costos operativos por el mantenimiento que ahora asume el consorcio», dijo en referencia al consorcio conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. (China) y Petrolia Ecuador S.A. (Canadá).
Manzano agregó que, del campo más productivo que ahora opera Petroecuador, esperan «40 % más de producción de petróleo sin que el Estado ponga un dólar y más de mil empleos directos para la comunidad y desarrollo para la Amazonía».
Con una producción promedio de 77.000 barrriles diarios de petróleo de 25 grados API, el campo Sacha es el más importante de Ecuador.
Asignación directa
Manzano también ha dicho que la asignación directa, que es el proceso por el cual se adjudicó la operación de Sacha al consorcio Sinopetrol, se adecúa a la Constitución y las leyes. Y ha subrayado en que no es un proceso a dedo, sino que la empresa interesada presentó su propuesta y que se invitaron a otras pero no hubo respuesta.
“Adjudicación no implica firma del contrato, hay un plazo de 30 días, una serie de condiciones que deben presentar”, ha dicho Manzano después que se conociera que el pasado viernes 28 de febrero se acogió la recomendación del Comité de Licitación de Hidrocarburos (COLH) para adjudicar el contrato de participación para la explotación y exploración adicional de hidrocarburos en el Bloque 60 Campo Sacha al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador, subsidiarias de la estatal china Sinopec y de la canadiense New Stratus Energy.
Manzano: «Sacha es una corona oxidada»
El ministerio ha informado que la suscripción del contrato para la explotación de Sacha ha sido delegada al viceministro de Hidrocarburos.
Sinopetrol se ha comprometido a aumentar la producción, de 77 mil barriles diarios, a 100 mil. Y perforar dos pozos precretácicos en busca de crudo liviano de mayor valor. El contrato, que durará 20 años, contempla que el Estado recibirá 6.314 millones de dólares en renta petrolera, incluyendo impuestos.
.Según Manzano, el campo tiene equipos con corrosión interna y externa; un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales; presenta riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. «Mucho se ha dicho sobre Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decir que es una corona oxidada, y las joyas hay que pulirlas», añadió.
Manzano reiteró que «el campo Sacha no se privatiza, no se vende, ni se alquila», destacando que la propiedad del recurso continuará siendo del Estado ecuatoriano, pero será operado de manera más eficiente.
Dijo que, tras liquidar la renta petrolera, el Estado obtendrá un 82% de beneficio; y que se proyecta un ahorro de US$3,500 millones en costos operativos, un 40% más de producción de petróleo sin que el Estado invierta un solo dólar más y más de 1,000 empleos directos.
Capacidad «al límite»
Una auditoría reveló que «cuatro de las cinco estaciones (de Sacha) se encuentran en un estado operativo crítico y una se encuentra de un estado operativo no tolerable», indicó.
Al aseverar que Sacha ahora «no es ni la sombra» de lo que era, Manzano anotó que sin la operación se podrían «perder las reservas petroleras del país».
Entre otros riesgos de Sacha actualmente, comentó que más del 60 % de los tanques, con más de 50 años de operación, están «categorizados con severidad alta, que significa el riesgo inminente de pérdida de contención, lo que puede implicar afectación al personal, medio ambiente y producción».
Asimismo, apuntó que el sistema contra incendio de funcionamiento está categorizado «con un nivel de riesgo catastrófico», mientras hay falta de mantenimiento en los campamentos y falta de operación adecuada del sistema de agua potable y de tratamiento de aguas grises.
«Estamos con la capacidad al límite. Los equipos que separan y almacenan los fluidos trabajaban por encima de su capacidad nominal. Esto afecta su eficiencia y, además, representa un riesgo para la operación», añadió al mencionar, además, la quema de gas y el desperdicio energético.
