Guayaquil, Ecuador
La acusación al expresidente Guillermo Lasso por supuesto peculado y su reciente archivo no es más, queridos lectores, que una muestra de las tantas que tenemos que denotan el deplorable estado del sistema de justicia en Ecuador. Todo quedó reflejado cuando aquella Corte Constitucional dio el “ok” para que se inicie un juicio político por un delito que nunca existió.
Como estudiante de derecho llega incluso a ser desalentador ver que, mientras en clase existe un abogado docente que se desvive explicando el debido proceso y la implicación de los principios del derecho penal en él, en la práctica vemos como se saltan este y todos los principios, porque aquí la justicia parece que cada vez más se aleja de la ciencia que es el derecho.
Es interesante como, en parte, este caso se podría perfectamente amparar en lo que el Dr. Felipe Rodríguez buenamente cataloga como “juicios paralelos”, mismos que a mi entender no son más que aquellos en los que la gente juzga a modo de juez y otros acusan a modo de fiscal aquello de lo que no tienen elementos suficientes para si quiera sostener fehacientemente. Es así como entonces vemos a la tía hablando del “corrupto” que es investigado por fiscalía, creyendo que por el simple hecho de que se abrió una investigación en su contra ya constituye con eso un hecho probado, y dejando de lado por su propia ignorancia un principio básico -y muy famoso porque incluso sale en películas- como es el de inocencia: “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Y digo que se ha sustentado ya que el hecho de que un medio digital haga propaganda del caso, metiéndolo en el subconsciente de tanto publico carente de conocimiento jurídico, tuvo como fin un juicio paralelo. El “pueblo” se veía indignado: “otro presidente corrupto” salían a gritar vehementemente por ahí aquellos que ni siquiera leyeron un minúsculo apartado del caso. Esto desencadenó que aquella errada decisión sea apoyada popularmente, y con eso no existan levantamientos sociales que impidan el avance de esta injusticia.
Al ser entonces un pueblo que se cree lo primero que se dice, por el simple y mero hecho de ser una mentira bien estructurada, ¿cómo entonces podemos pedir un mejor sistema de justicia? El sistema que tenemos se encuentra en profundo deterioro por una grave crisis cultural, por el entrometimiento de los medios digitales y por la política incrustada en él. Todo esto, en última instancia, termina liquidando cualquier intento de mejora.
No basta con reformas legales, porque a pesar de lo que diga la norma escrita siempre primará en la opinión pública el argumento persuasivo de los ignorantes del derecho, aquellos que apegados a su vana lógica se creen conocedores de tierras en las cuales son foráneos, y que no terminan más que siendo intrusos, porque además de ingresar sin méritos, lo hacen con el fin de dañar con su más conspicuo producto la falacia ad hominem.
Sin embargo, esta columna no se puede basar en criticar a quien carece de conocimiento legal, sería errado hacerlo, pero si puede atacar a quien lo tiene (y en teoría en demasía): los señores magistrados.
No puede ser que en un país en el que, como la Carta Magna denomina en su primer artículo “de derechos y justicia” sea el mismo máximo órgano de justicia constitucional quien apruebe y consienta a un grupo de políticos que querían simplemente desestabilizar al Estado, mediante un juicio político basado algo que no tenía ni pies ni cabeza.
¿Qué seguridad podemos esperar entonces los simples ciudadanos ante todo esto? Surge en mi mente, y con pena me respondo, nada. Ya se ha probado que las decisiones judiciales muchas veces priorizan la legitimidad antes que la legalidad, porque estamos en el país donde es mejor juez o fiscal quien se gana la sonrisa de la masa en vez de la aprobación de la academia. Por eso reafirmo, no basta con reformas legales, porque de poco sirve tener una gran receta con un mal cocinero.
Esperemos que con la renovación parcial de la Corte Constitucional, y los acontecimientos recientes, este tipo de acciones no se vuelvan a repetir, sino, estaríamos ante un sistema en el que están de sobra las escuelas y facultades de derecho.
