La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, en Quito, recibió el pasado miércoles, 18 de junio, a Arianna Burgos, directora del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), y a Jorge Yépez, representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), durante el proceso de análisis y preparación del informe para el segundo debate del proyecto de Ley de Integridad Pública, calificado como urgente en materia económica.
En su intervención, Burgos propuso modificar el artículo 11 de la ley en discusión para que el representante legal del Instituto forme parte del directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Argumentó que esta inclusión permitiría que dicho representante actúe como canal para una participación activa del sector en la formulación de políticas públicas que lo favorezcan.
Indicó que esta reforma ayudaría a dar mayor visibilidad a la Economía Popular y Solidaria (EPS), ya que alrededor del 80 % de su actividad económica depende de contratos con el sector público.
Sobre el artículo 46, que contempla la posibilidad de que las entidades contratantes elijan ofertas fuera del catálogo electrónico, pidió que se implementen mecanismos que eviten una reducción en la capacidad de las organizaciones de la EPS para competir con medianas y grandes empresas.
Argumentos
Advirtió que, de aplicarse sin regulaciones claras, esta disposición podría poner en riesgo la subsistencia de un sector que depende directamente de contratos estatales.
En cuanto a las ferias inclusivas, solicitó que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), en conjunto con el ente rector de la economía popular y solidaria, defina de forma precisa qué bienes y servicios pueden adquirirse en estos espacios, con el fin de incentivar la continuidad de la contratación con este sector.
Jorge Yépez se refirió al artículo 14 del proyecto de ley, planteando que se incluya una disposición que permita otorgar protección de identidad a proveedores del Estado que denuncien irregularidades o delitos, como la falsificación de firmas, en los procesos de contratación.
Agregó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de evaluar la validez de las pruebas, determinar los niveles de responsabilidad y, con base en ello, definir los incentivos para quienes presenten denuncias.
Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
- Valentina Centeno (P) ADN7
- Diego Franco (VP) ADN7
- Steven Ordóñez ADN7
- Lenin Alejandro Lara ADN7
- Alex Morán ADN7
- Mishel Mancheno ADN7
- Jesús Arias RC5
- Diego Salas RC5
- Sergio Peña RC5
- Mabel Méndez RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
