La polémica Ley de Integridad Pública entró en vigencia este jueves, 26 de junio, tras su publicación en el Registro Oficial, fue aprobada el pasado martes, 24 del presente mes, por el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, con 84 votos favor y ese mismo día, a última hora, se incorporaron 13 reformas impulsadas por el oficialismo.
La medida fue enviada el anterior martes, 27 de mayo, por el Ejecutivo al Parlamento con carácter urgente en materia económica.
Con esto se busca combatir la violencia en las calles, erradicar la corrupción en todos los niveles del sector público, optimizar la eficiencia institucional y asegurar que los bienes y servicios del Estado estén alineados con las necesidades de la ciudadanía.
Solo 148 parlamentarios de los 151 que conforman el nuevo Parlamento asistieron a dicha sesión N.013 en el hemiciclo, 84 respaldaron la propuesta, 62 la rechazaron y 2 se abstuvieron.
El texto aprobado incluye los aportes introducidos por el parlamentario oficialista, Andrés Castillo, que abarcan temas como el balance general del Banco Central del Ecuador, (BCE) la imposición de sanciones de expulsión y prohibición de retorno al país.
Contiene también la deportación en el marco del conflicto armado interno y el procedimiento para la designación de los integrantes de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
Leyes urgentes
Esta normativa se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento de las instituciones estatales; la gestión pública en general; y la eliminación de redes delictivas que ponen en riesgo a la niñez ecuatoriana.
Desde hoy, los menores podrán ser juzgados como adultos en casos de delitos graves y enfrentar penas de hasta 15 años de prisión.
Esto causó anteayer la preocupación de la UNICEF en Ecuador, la cual la calificó en sus cuentas oficiales como «reformas regresivas» al sistema de justicia penal juvenil que, a su criterio, afectan gravemente a los adolescentes.
El organismo insiste en que estas acciones no han probado ser eficaces para enfrentar la inseguridad y además van en contra de la Constitución del país y de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha sido ratificada el anterior viernes, 23 de marzo de 1990, por Ecuador.
En lo que va de junio, la actual Asamblea aprobó dos leyes mandadas como inmediatas por Noboa: Ley de Solidaridad Nacional y Ley de Integridad Pública.
La Ley de Solidaridad Nacional fue enviada también el anterior martes, 27 de mayo, aceptada el pasado sábado, 7 de junio, por el Pleno con 84 votos afirmativos para «desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno» y publicada el martes, 10 de este mes, en el Boletín Oficial.
13 reformas coladas
El texto original contenía 17 páginas, pero el bloque oficialista en el Legislativo lo devolvió transformado en un extenso documento de 157 hojas que abarca modificaciones en áreas judiciales, del servicio público, monetarias, financieras, así como en normativas sobre niñez y adolescencia, entre otras.
La nueva ley también agrega aspectos que no fueron contemplados en las recientes reformas, como en la Ley de Solidaridad (vigente desde el 10 de junio) y la Ley de Inteligencia (vigente desde el 11 de junio). Estas omisiones ahora se intentan corregir con una serie de reformas penales diversas.
- Adolescentes infractores
Se propone que los menores que colaboren eficazmente en procesos judiciales puedan acceder a una reducción del 50% de su pena, siempre que su testimonio permita procesar a los adultos que los instigaron a delinquir.
- Expulsión de extranjeros
Los extranjeros condenados a prisión serán expulsados del país y se les prohibirá regresar por 10 años. En contextos de conflicto armado interno, el Ministerio del Interior podrá pedir su expulsión incluso si no han cumplido la totalidad de su condena. Esta medida se aplicará incluso a quienes tengan vínculos familiares con ciudadanos ecuatorianos.
- Deportación en conflicto armado
Se crea un artículo específico que permite expulsar a extranjeros privados de libertad (con orden judicial o prisión preventiva), sin necesidad de una sentencia firme. En este caso, la prohibición de retorno será de 40 años, y si regresan durante el conflicto armado, serán considerados objetivos militares.
- Corrección legislativa pendiente
Se detectó una omisión en la Ley de Solidaridad Nacional respecto al “indulto diferido”, que fue creado, pero no incluido en la lista de causas de extinción de penas, generando una contradicción legal que esta nueva ley busca corregir.
- Prevaricato de jueces, fiscales y árbitros
Los funcionarios judiciales que actúen fuera del marco legal, o que hayan estado involucrados anteriormente con una de las partes, enfrentarán penas de hasta 7 años. Si benefician a organizaciones criminales, la condena aumentará a entre 10 y 13 años, más inhabilitación profesional.
- Fraude procesal
Engañar intencionalmente a un funcionario público será penado con entre 3 y 5 años de cárcel. Si se intenta encubrir un feminicidio, la sanción será la más alta, además de permitir procesar al responsable por el crimen original. También se sancionará a quienes ayuden a encubrir delitos, con penas de 5 a 8 años.
- Omisión de denuncia
Los funcionarios públicos que no informen sobre delitos podrán recibir penas de 6 meses a 2 años de prisión, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.
- Tenencia y porte de armas no autorizadas
Las penas por posesión ilegal de armas civiles aumentan de 6 meses – 1 año a 3 – 5 años. Por portar armas sin autorización, la condena se eleva a entre 5 y 10 años.
- Allanamientos en conflicto armado
Se incorpora a la Ley de Inteligencia una reforma que permite realizar allanamientos durante un conflicto armado con base en informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y no solo de las fuerzas del orden como se estableció antes.
- Evaluación de fiscales
Los jueces estarán obligados a calificar la actuación de los fiscales durante las audiencias de flagrancia.
- Suspensión de penas por deportación
Se incorpora la posibilidad de suspender penas en casos de deportación durante un conflicto armado, si el extranjero no regresa al país en el plazo legal (generalmente 10 años).
- Régimen semiabierto y abierto
Se restringe el acceso a estos regímenes penitenciarios a personas vinculadas con grupos armados organizados del conflicto interno y delitos relacionados, una medida ya incluida en la Ley de Solidaridad pero ahora reforzada.
- Endurecimiento de sanciones a menores
La ley también reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, endureciendo las penas para adolescentes infractores. Por ejemplo, las sanciones de internamiento podrán alcanzar hasta los 15 años.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
