La defensa del alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del Gobierno de Daniel Noboa y procesado en varios casos por corrupción y comercialización ilegal de combustibles, denunció este lunes un «preocupante deterioro físico» del funcionario, quien desde hace más de tres meses cumple prisión preventiva en una cárcel del Encuentro en Santa Elena.
La defensa señaló que imágenes obtenidas desde el centro penitenciario «evidencian una drástica pérdida de peso y un visible quebranto en su estado de salud, situación que compromete directamente la responsabilidad estatal sobre su vida e integridad».
«La privación de libertad sin sentencia ejecutoriada, el deterioro físico visible y las restricciones al ejercicio de la defensa configuran graves vulneraciones a derechos constitucionales y humanos», subrayó en un comunicado.
Recordó que la Constitución garantiza a las personas privadas de libertad el derecho a la integridad física, atención médica adecuada y protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes.
«Sin embargo, mientras su condición empeora, las autoridades mantienen silencio sobre su estado médico y las condiciones reales de reclusión», señala el escrito.
Agrega que la preocupación aumenta ante denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis dentro del centro penitenciario, en el que también está recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.
Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, ha descartado esa posibilidad y ha atribuido a presuntos intereses políticos el que se intente instaurar esa narrativa.
El equipo legal de Alvarez denunció también presuntas restricciones para mantener contacto efectivo con el alcalde y formalizar la documentación necesaria para ejercer plenamente su defensa técnica.
Señaló que la prisión preventiva «no puede convertirse en una condena anticipada ni en un mecanismo que exponga a una persona al deterioro físico progresivo más aún mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra».
El miércoles pasado, un juez de Ecuador negó el pedido de Fiscalía para que se ordene una nueva prisión preventiva contra el alcalde, quien tras una reformulación de cargos, ahora será investigado por el delito de lavado de activos.
En el caso, denominado como ‘Goleada’, la Fiscalía investiga a Alvarez, a sus dos hermanos y a otras nueve personas por supuestamente ser parte de una red que generaba «ganancias ilícitas» mediante la comercialización de combustible, el negocio familiar del alcalde.
Según la Fiscalía, los procesados por esta investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener «beneficios económicos indebidos» mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría supuestamente ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.
Alvarez y sus hermanos ingresaron en prisión en febrero, cuando el caso era investigado como delincuencia organizada, pero un tribunal revocó esa orden en abril al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la participación de los procesados.
Los hermanos del alcalde fueron excarcelados, pero el burgomaestre sigue preso pues, además del caso ‘Goleada’ enfrenta un juicio por un caso denominado como ‘Triple A’, en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
También pesa sobre él otra prisión preventiva por una investigación sobre la supuesta manipulación del grillete electrónico que debía portar en ese caso. EFE (I)