Tras la firma del Decreto 448, el presidente Daniel Noboa promulgó el Plan Nacional de Seguridad Integral. Este documento gubernamental traza tácticas contra el crimen organizado y propone reformas al sistema judicial.
Así se propone la instauración de salas y tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura para procesar a policías y militares, reabriendo el debate sobre la justicia castrense eliminada en 2008.
La medida se contempla como parte de las estrategias jurídicas del Ejecutivo para respaldar las operaciones del bloque de seguridad frente al crimen organizado.
Marco histórico
Las antiguas cortes marciales y el fuero militar tradicional desaparecieron con la Constitución de 2008, que estableció la unidad jurisdiccional bajo la justicia ordinaria. Esto ha abierto un debate nacional. Pues, mientras sectores gubernamentales defienden la necesidad de jueces con conocimiento técnico-táctico en operaciones de fuerza, analistas y defensores de derechos humanos advierten sobre los riesgos de esquemas de impunidad o la vulneración de la transparencia judicial.
El sistema anterior se incluía una Corte de Justicia Militar y consejos de guerra encargados de conocer infracciones vinculadas a la actividad castrense, como deserción, traición o sedición.
En ese esquema, oficiales de alto rango ejercían funciones judiciales y los procesos se desarrollaban bajo una estructura distinta a la de la justicia civil. Sus defensores sostenían que estas instancias respondían a las particularidades de la función militar, mientras que sus críticos cuestionaban que constituyeran una excepción al principio de igualdad ante la ley. (I)