Al cumplirse dos años desde que se presentó la denuncia que dio origen al caso Triple A, seis meses de diferimientos, y tras más de cuatro meses de audiencias de juzgamiento, el proceso penal que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 21 procesados finalmente entra en su etapa decisiva.
El Tribunal Anticorrupción instalará esta importante audiencia entre el 24 y el 25 de julio para concluir la incorporación de todas las pruebas pendientes. Ya finalizada esa fase, el 26 de julio las partes presentarán sus alegatos finales, el último paso antes de que los jueces deliberen y emitan su sentencia.
El Caso Triple A, impulsado por la Fiscalía General del Estado, investiga una red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados que habría causado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano de aproximadamente USD 61.5 millones. El proceso involucra a 22 procesados (entre personas naturales y jurídicas), destacando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y empresas vinculadas a su entorno familiar como Copedesa y Fuel Corp.
Resumen del caso
En julio de 2024, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentó una alerta por diferencias drásticas entre el combustible facturado y el despachado.
La Fiscalía General del Estado inició formalmente la investigación el 23 de julio de 2024 por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado o comercialización ilegal de hidrocarburos.
Se presume que estaciones de servicio compraban volúmenes excesivos de diésel y gasolina subsidiados a Petroecuador —muy por encima de su capacidad real de almacenamiento— para desviarlos de manera ilícita hacia los sectores industrial y naviero.
Postura de la defensa
Aquiles Álvarez rechazó los señalamientos desde el primer momento, calificando el proceso como una persecución con motivaciones políticas.
Procesamientos y dilaciones (2025 – 2026)
A lo largo de 2025 se realizaron operativos y nuevas vinculaciones de personas naturales y jurídicas. Sin embargo, la instalación de la audiencia de juicio enfrentó múltiples aplazamientos, suspensiones y diferimientos motivados por licencias médicas de abogados o cambios en las estrategias de defensa.
Tras numerosas postergaciones, el juicio oral ante el Tribunal de Garantías Penales arrancó formalmente a inicios de 2026 para examinar la responsabilidad de los 22 involucrados.
Fase Actual del Juicio (mediados de 2026)
Durante julio de 2026, la Fiscalía expuso en Quito sus elementos probatorios, testimonios e informes técnicos sobre consumos atípicos y el supuesto esquema de desvío de combustible.
El proceso se encuentra en su recta final, con la intervención de las defensas de los procesados presentando sus argumentos y pruebas para desvirtuar la acusación fiscal antes de la deliberación del tribunal. (I)