Guayaquil, Ecuador
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, fundado en 1901 por el presidente Eloy Alfaro, ha sido fusionado en el nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el objetivo de optimizar recursos y reducir el número de ministerios de 14 a 10, en busca de disminuir el déficit fiscal y cumplir con el programa de financiamiento del FMI.
Hasta el momento, lo implementado por el gobierno dentro marco del procedimiento administrativo ha sido únicamente la integración de dos o más entidades en una sola, sin un proceso de transformación que busque eficiencia mediante la incorporación de reingeniería, tecnologías de gestión y cambios en la forma de operar.
La discusión sobre la conveniencia de esta fusión no debe limitarse al aspecto administrativo, sino a cómo se garantizará que el agro ecuatoriano no pierda su voz y su perspectiva de desarrollo frente a decisiones dominadas por un enfoque fiscal.
Entre las ventajas señaladas están el ahorro en gasto público, la reducción de la burocracia y la posibilidad de articular políticas fiscales, productivas y agrícolas bajo una misma visión, con mayor coherencia en la promoción de exportaciones y comercio exterior.
Sin embargo, gremios de productores advierten que el sector agropecuario podría perder prioridad frente a la perspectiva fiscal. Además, por su complejidad y diversidad productiva y social, el agro requiere especialización, lo que podría generar lentitud en la toma de decisiones fundamentales.
Más allá de estas aparentes ventajas y desventajas, resulta clave analizar el Índice de Orientación Agrícola (IOA), que mide la proporción del gasto público en relación con la participación del sector agropecuario en el PIB.
Un IOA óptimo debería estar cerca de 1; la media mundial es 0,45, mientras que en Ecuador el valor histórico ha oscilado ente 0,15 a 0,20. Esta subinversión se traduce en baja productividad y competitividad, y para llegar al promedio mundial sería necesario multiplicar por siete veces el presupuesto actual destinado al sector, considerando la brecha acumulada y los requerimientos de modernización tecnológica.
La fusión ministerial, tal como está planteada, no representa un avance para el sector, mientras se mantenga un apoyo marginal, especialmente hacia los pequeños y medianos productores.
No obstante, constituye una oportunidad para que los gobiernos provinciales, responsables del desarrollo productivo, asuman un rol protagónico en la definición de políticas y en la ejecución de acciones para el agro en sus respectivas provincias.