Quito, Ecuador
El caos corona a quien lo provoca. Maquiavélico, pero innegable. En un mundo hiper regulado por la autoridad pública, que tanto gusta disfrazarse de representante o mandatario, no hay tiempo de seguir el ritmo del Derecho. Todos los días se emiten las más variadas leyes, decretos y acuerdos.
Y, en esa vorágine normativa, siempre ganan los mismos: las facciones políticas. A quién se diera el tiempo de estudiar todas las normas ya no le alcanzaría para transgredirlas, decía Goethe. A este sobrecogedor panorama de sobrecarga jurídica nadie le puede hacer frente por sí solo y, a eso, ciertos actores políticos lo conocen de sobra.
Olfateando la oportunidad, se ve una tendencia preocupante de ciertas autoridades que crean normas inconstitucionales para aplicarlas impunemente mientras nadie se da cuenta. Pensemos en la circular que aplica tarifas arbitrarias a productos que deberían estar exentos; en la creación de tasas no vinculadas a servicios públicos concretos; o, en las suspensiones de plazos que rigen solo para beneficio de la administración y perjuicio del administrado.
En todos estos casos, el Estado aprovecha su condición de creador de normas para conseguir un efecto tan útil —por lo general, enriquecer sus arcas— como inconstitucional —confiscatorio.
Y, cuando se declara su inconstitucionalidad, poco se puede hacer para reparar el daño. El dinero arrebatado por años no se devuelve, la salud de nuestras instituciones tampoco. Esta se mide en su capacidad de cumplir la finalidad para la que existe: servir al bien común dentro de los límites de la Constitución y la ley.
Sin embargo, olvidada aquella, solo queda un ejercicio de poder bruto y un sistema jurídicamente irracional.
La sobrecarga normativa no es más que el ambiente idóneo para un Estado que quiere operar desde la penumbra. El juego consiste en complejizar el sistema jurídico para desviarlo de su finalidad y someterlo a otros intereses. Lo que se requiere es tergiversar la formalidad —los procesos y las normas— para capitalizar el caos.
Bien saben los oscuros actores aquello que repite la tradición anglosajona: justice delayed is justice denied. Su consigna está en tomar lo que se pueda mientras se pueda. Después, la impunidad. Este es su método.
- José Gabriel Cornejo es Socio Fundador de Contendi Law. Quito, Ecuador