El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió extinguir la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que operaba desde diciembre de 2022, bajo la Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial. Sus competencias serán absorbidas por los magistrados penales ordinarios de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito y de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Reestructuración y capacidad operativa
El CJ justificó la medida por un desequilibrio en la carga procesal, señalando que el Tribunal Anticorrupción procesó 234 expedientes para nueve jueces en 12 meses, mientras las unidades penales ordinarias superaban el 100% de su capacidad.
La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, aseguró que esto fortalece el sistema y amplía de 19 a más de 50 los jueces habilitados para tratar estos delitos.
Para evitar la impunidad, se estableció que:
- Los procesos con audiencias instaladas seguirán con los jueces originales.
- Las causas nuevas ingresarán por sorteo en Iñaquito.
- Se dará celeridad a la extinción de dominio. (I)