El proceso judicial por el magnicidio de Fernando Villavicencio ha tomado un rumbo internacional definitivo. En una jornada crucial ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el exteniente de policía y exagente de inteligencia, Ronald Patricio Herrera Ramírez (identificado en las actas como RPHR), aceptó formalmente y de viva voz ser extraditado a los Estados Unidos. Horas más tarde, en la misma sede judicial, el sentenciado por corrupción Daniel Salcedo Bonilla imitó su decisión, activando un procedimiento expedito que trasladará a ambos a suelo norteamericano en un plazo estimado de 30 días. [1, 2, 3]
Herrera Ramírez, quien se encuentra recluido en la denominada Cárcel del Encuentro, es considerado una pieza fundamental y testigo protegido de la Fiscalía General del Estado. En sus testimonios anticipados, el exuniformado reveló detalles sobre la planificación de seguimientos clandestinos en contra de Villavicencio antes de su asesinato en agosto de 2023. Sus acusaciones salpicaron directamente al exministro del Interior, José Serrano Salgado, a quien señaló como la persona que presuntamente ordenó los rastreos del entonces candidato presidencial.
Revelaciones bajo estricta seguridad
Durante la audiencia de extradición pasiva dirigida por el presidente de la CNJ, Marco Rodríguez, Herrera no solo dio su consentimiento legal para la entrega, sino que expuso la grave situación de peligro que enfrenta. El procesado denunció que uno de sus primos fue asesinado en Guayaquil hace 15 días, un hecho que, según afirmó, ocurrió inmediatamente después de que se filtrara el requerimiento de la justicia estadounidense. Por este motivo, solicitó formalmente que su identidad visual y física se mantenga bajo estricta reserva.
De acuerdo con el expediente fiscal, Daniel Salcedo habría reclutado a Herrera dentro de prisión para coordinar la logística de espionaje contra el periodista, sirviendo además como el nexo con la cúpula política. Salcedo, quien inicialmente rechazó someterse al trámite simplificado de extradición, cambió de postura tras una consulta con su equipo técnico y aceptó los cinco cargos penales por delincuencia transnacional presentados por el Distrito Sur de Nueva York. [1, 2]
Incertidumbre en el tablero judicial ecuatoriano
Aunque los requerimientos de Washington responden a delitos de índole federal y delincuencia organizada transnacional, la inminente salida del país de ambos implicados enciende las alarmas sobre el futuro de las indagaciones en Ecuador. Familiares de Fernando Villavicencio han expresado su preocupación, sosteniendo que la cooperación internacional no debe significar impunidad ni la paralización de las causas pendientes en los tribunales locales, donde aún se intenta determinar la autoría intelectual total del crimen.