En una audiencia de formulación de cargos que generó alta expectativa en el sector pesquero de Manabí, la justicia dictaminó la libertad inmediata de 28 tripulantes de las embarcaciones Don Rufo y Montecristi 1 (así como de intervenciones previas a los barcos Conquista II y OM2). Los trabajadores del mar habían sido retenidos en aguas internacionales del Pacífico Oriental por las fuerzas militares estadounidenses.
La Fiscalía General del Estado pretendía iniciar un proceso formal bajo cargos de delincuencia organizada y asociación ilícita. Sin embargo, la autoridad judicial determinó que no existían elementos de convicción ni sustancias sujetas a fiscalización que justificaran la detención, ordenando el retorno de los manabitas a sus hogares.
Tensión en altamar y pérdida de herramientas
El operativo civil-militar se dio bajo los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico transnacional. El Comando Sur argumentó que las naves actuaban como supuestas estaciones flotantes de reabastecimiento logístico para grupos criminales.
No obstante, los testimonios de los afectados y sus defensas técnicas revelan una realidad distinta:
- Sin evidencias de delito: Familiares y abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunciaron que los militares no hallaron drogas en las bodegas.
- Destrucción de barcos: Pese a la falta de pruebas flagrantes, las fuerzas norteamericanas emplearon explosivos para hundir las embarcaciones pesqueras, dejando a decenas de familias sin su principal herramienta de sustento económico.
- «Traíamos buena pesca»: Los tripulantes afirmaron que regresaban a los puertos de Manta y Jaramijó únicamente con el producto lícito de sus jornadas de pesca artesanal tras varios días de faena.
Crece el debate sobre la soberanía
La resolución judicial ha abierto un intenso debate político y humanitario en el país. Mientras el Gobierno defiende las operaciones conjuntas de inteligencia compartida, gremios pesqueros y organizaciones de derechos humanos catalogan estas intervenciones como un abuso de poder que criminaliza la pesca artesanal y violenta la soberanía nacional.
Tras el fallo, un juez otorgó un plazo perentorio a la Cancillería ecuatoriana para exigir explicaciones formales a la Embajada de EE.UU. sobre los procedimientos aplicados en altamar. Mientras tanto, los 28 pescadores declarados inocentes intentan asimilar el impacto psicológico y económico de haber perdido sus naves en medio del océano. (I)