Un tribunal federal en Brooklyn, Estados Unidos, sentenció a cuatro años de prisión al ciudadano mexicano Javier Aguilar, de 52 años, tras comprobarse su rol estelar en un esquema transnacional de corrupción y lavado de activos que operó activamente durante los mandatos presidenciales de Rafael Correa y Lenín Moreno.
La resolución judicial determina que el exejecutivo petrolero (residente en Houston) deberá pagar una penalización financiera superior a los 7 millones de dólares. El fallo expone los nexos corruptos y las operaciones de fachada que sirvieron para desviar dinero estatal ecuatoriano mediante el pago de sobornos a altos funcionarios públicos de la empresa estatal Petroecuador. [1, 2]
El «Modus Operandi»: Una trama entre dos Gobiernos
De acuerdo con las investigaciones validadas por el Departamento de Justicia estadounidense, la estructura criminal tejida por Aguilar comenzó formalmente en el gobierno de Rafael Correa y extendió sus tentáculos a lo largo de la administración de Lenín Moreno. [1]
Aguilar funcionaba como un engranaje estratégico (un operador financiero o intermediario de fondos ilícitos) para viabilizar contratos públicos a cambio de coimas millonarias. El esquema funcionaba bajo la mesa mediante:
- Sociedades pantalla y contratos ficticios utilizados para blanquear las comisiones y ocultar el origen ilícito del dinero.
- Sobornos directos dirigidos a tomadores de decisiones dentro de Petroecuador para asegurar condiciones comerciales exclusivas y altamente perjudiciales para los recursos del Estado ecuatoriano.
Implicaciones políticas e institucionales
Esta condena en los tribunales de EE. UU. representa una pieza clave dentro del rompecabezas judicial que asedia a la política de Ecuador. Ocurre en un contexto de altísima tensión institucional en el país andino, pocas semanas después de que la propia Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictara una condena histórica de cinco años de prisión contra el expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho en el Caso Sinohydro —vinculado a la central Coca Codo Sinclair— y tras las previas ratificaciones de condena por corrupción contra Rafael Correa.
La sentencia en Brooklyn contra Javier Aguilar desnudó nuevamente cómo contratistas internacionales operaron de manera impune entre las transiciones de mando de la llamada «Revolución Ciudadana» y su posterior fractura política, ratificando que las redes de corrupción sistémica sobrevivieron intactas al cambio de banderas entre Correa y Moreno.
Aguilar deberá cumplir de forma inmediata su sentencia en una prisión federal estadounidense tras desestimarse los recursos de su defensa legal. (I)