En medio de la alta tensión política provocada por el arresto de la líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, el presidente Daniel Noboa rompió el silencio con polémicas declaraciones que han encendido aún más el debate en el país. El mandatario se refirió al traslado carcelario de la política de oposición ironizando sobre el descontento de sus simpatizantes: «Si la mandábamos a La Roca iban a protestar, la mandamos a una de Chimborazo, igual protestan«.
La detención de la excandidata presidencial, ejecutada la madrugada del pasado jueves 22 de octubre, generó una rápida escalada de tensiones. El sistema de justicia dictó prisión preventiva en su contra, una medida que el correísmo catalogó de inmediato como un acto de lawfare y persecución política instrumentado por el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno mantiene una postura firme, justificando las actuaciones en los hallazgos de los informes de inteligencia y las investigaciones judiciales en curso.
Acusaciones cruzadas y repercusión internacional
El caso ha trascendido las fronteras de Ecuador. Noboa dio declaraciones a medios internacionales, incluyendo la revista colombiana SEMANA, donde defendió los nexos que la inteligencia estatal investiga, aludiendo previamente a supuestos vínculos de financiamiento internacional y esquemas delictivos asociados con líderes de la Revolución Ciudadana.
Por su parte, desde su sitio de reclusión, Luisa González difundió mensajes denunciando que Ecuador vive bajo una «dictadura» liderada por Noboa y responsabilizó directamente al Gobierno por el deterioro democrático y los presuntos atropellos a los derechos de los presos políticos. El expresidente Rafael Correa también arremetió contra el Ejecutivo, acusándolo de pactar supuestas tramas judiciales para neutralizar el ascenso de la oposición de cara al panorama electoral.
Contexto de crisis y polarización
Las declaraciones de Noboa coinciden con un escenario nacional complejo, marcado por una severa crisis energética con apagones masivos de hasta 12 horas diarias y problemas de seguridad. Mientras sectores de izquierda e internacionales acusan al presidente de emplear tácticas autoritarias y «golpes de efecto» para desviar la atención de los problemas de gestión, simpatizantes del oficialismo respaldan el discurso de mano dura gubernamental y el combate a la impunidad.
El «Caso Laberinto» se consolida como el eje central de una profunda fractura institucional en Ecuador, manteniendo en vilo a la opinión pública sobre el destino legal de González y las repercusiones políticas de las palabras de Noboa. (I)
