En un operativo simultáneo desplegado en las primeras horas de este martes 27 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó 14 allanamientos en la provincia de Azuay. La intervención forma parte de una investigación previa por el presunto delito de peculado, que rastrea posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que apuntan al entorno cercano del alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora.
El operativo incluyó el registro de nueve domicilios de exfuncionarios y funcionarios de entidades públicas. Equipos tácticos y de criminalística se desplegaron con el objetivo de incautar bienes y recabar indicios documentales e informáticos.
El origen del caso: contratos bajo la lupa
La trama de corrupción bajo sospecha cobró fuerza a inicios de octubre de 2026, cuando la Secretaría General de Integridad Pública presentó tres denuncias formales ante la Fiscalía. Los procesos cuestionados corresponden a la contratación para la construcción y adecuación de tres hospitales municipales en Cuenca: El Valle, Baños y Ricaurte, cuyos montos globales superan los 2,4 millones de dólares.
De acuerdo con la hipótesis del Gobierno, el Municipio habría adjudicado estas obras a determinados consorcios privados. Posteriormente, dichas empresas habrían contratado como subproveedoras a compañías directamente vinculadas con el alcalde suspendido y sus redes familiares, identificándose nexos con las familias Matute-Zamora, Zamora-Cabrera y Castro-Villacís, así como con las firmas Alfa Holding, Ismovid y La Rioja.
Reacciones oficiales
Ante las diligencias judiciales, el Municipio de Cuenca emitió un pronunciamiento público calificando la situación institucional como «decepcionante para la ciudad». No obstante, la alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, aseguró que la administración brindará todas las facilidades y la colaboración absoluta que requieran las autoridades de control para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, Cristian Zamora, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones, ha rechazado de forma categórica las acusaciones en ocasiones anteriores, catalogándolas como parte de una persecución política y argumentando que los movimientos financieros señalados corresponden a préstamos y giros comerciales debidamente justificados.
Hasta el momento, la Fiscalía coordina el procesamiento de las evidencias recabadas desde la ciudad de Quito y no se han reportado personas detenidas en esta fase de indagación preliminar. (I)
