En un movimiento decisivo para asfixiar las economías criminales que sostienen la ola de violencia en el país, las autoridades de Ecuador y Estados Unidos consolidaron una serie de acuerdos tácticos destinados a neutralizar los delitos de extorsión, secuestro y el blanqueo de capitales.
La piedra angular de esta ofensiva económica se fijó con la suscripción de la Carta de Implementación del Proyecto Palantir, un sistema de software avanzado que dotará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de herramientas de inteligencia artificial. Con este sistema se busca mapear transacciones sospechosas en tiempo real, atacando de raíz los flujos monetarios que financian la logística de bandas delictivas dedicadas a las vacunas (extorsiones) y retenciones forzadas.
Golpes coordinados y rastreo en territorio
De forma complementaria a los controles informáticos, la asistencia estadounidense en suelo ecuatoriano escaló a niveles sin precedentes. La instalación formal de una oficina permanente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la capital permite que agentes especiales coordinen operaciones de alta complejidad junto a unidades de élite de la Policía Nacional. El enfoque principal de este bloque conjunto apunta a desarticular de forma prioritaria las estructuras delictivas transnacionales que controlan el negocio del secuestro extorsivo.
Por su parte, el memorando firmado con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU. robustece la vigilancia en pasos fronterizos y terminales aéreas mediante sistemas biométricos de última generación. Ello corta las vías de escape de cabecillas criminales y redes de tráfico ilícito.
Un compromiso que trasciende escenarios políticos
La estrategia bilateral incluye además mecanismos rigurosos de contrainteligencia como el programa Integridad Policial 360, diseñado para aplicar pruebas de confianza y supervisión interna extrema dentro de la institución policial, protegiendo las operaciones conjuntas de filtraciones indeseadas hacia las mafias.
Pese a los recientes cambios políticos en el Congreso norteamericano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador ratificó la solidez de los convenios. «El combate a las estructuras criminales es una política de Estado corresponsable», señalaron fuentes diplomáticas, asegurando que la hoja de ruta en seguridad compartida seguirá ejecutándose con firmeza para devolver la paz a las fronteras y calles del país. (I)
