Buenos Aires, (EFE).- El exdictador argentino Jorge Videla, quien fuera su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y el exgeneral Luciano Menéndez fueron procesados hoy con prisión preventiva por el crimen del obispo Enrique Angelelli durante la última dictadura, informaron fuentes judiciales.
El juez federal de la provincia de La Rioja (noroeste) Daniel Herrera Piedrabuena les procesó junto a otros dos imputados, el exmilitar Luis Estrella y el expolicía Juan Carlos Romero, como «autores mediatos de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas».
Además, les imputó a todos los procesados la «tentativa de homicidio» del sacerdote Arturo Pinto, quien acompañaba a Angelelli en el momento de su fallecimiento.
Asimismo, Herrera Piedrabuena dictó hoy un embargo de 300.000 pesos (unos 70.093 dólares) sobre los bienes de cada uno de los procesados.
El magistrado ya había dictado el pasado abril la detención del primero de los cuatro presidentes de la última dictadura (1976-1983) y de Harguindeguy, quien, según el fallo difundido hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), podrá cumplir el arresto bajo prisión domiciliaria, igual que Menéndez y Romero.
Videla, de 86 años, que el pasado diciembre fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de Córdoba (centro del país) por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976, acumula ya varios procesamientos por otras causas por delitos cometidos durante el régimen de facto.
Actualmente afronta otros dos juicios por crímenes cometidos durante la dictadura, uno de ellos por el robo de bebés.
Harguindeguy cumple ya con un arresto domiciliario por otras causas en la que está procesado por crímenes de lesa humanidad.
Menéndez, exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, acumula seis condenas a prisión perpetua por delitos cometidos también durante la dictadura, entre ellos la desaparición en 1976 del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.
Angelelli, quien formó parte de un grupo de obispos que denunció las violaciones de derechos humanos, murió en extrañas circunstancias en 1976 al volcar la camioneta que conducía por una carretera de La Rioja, 1.150 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
En el momento de su muerte, el obispo, que tenía 53 años, llevaba un informe con la investigación que había hecho sobre el asesinato de dos sacerdotes y un laico a manos de militares.
Según las organizaciones humanitarias, 19 sacerdotes desaparecieron o fueron asesinados por grupos paramilitares durante la dictadura, en la que otros 11 religiosos fueron secuestrados y torturados antes de liberarlos y 22 fueron detenidos por persecución política. EFE
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