Por Alberto Molina Flores
Los presidentes y jefes de Estado de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), firmaron un documento llamado “Protocolo Democrático”, en dicho documento se establecen sanciones para los países en donde se intente o se rompa el orden constitucional: “Castigos diplomáticos, políticos y económicos; además, bloqueos de exportaciones e importaciones y cierre de fronteras”, entre otras sanciones.
En Argentina los gobernantes en la XX Cumbre de Iberoamericana y como es costumbre, los jefes de Estado asistentes firmaron una declaración final, la misma que “por primera vez establece mecanismos políticos de respuesta ante situaciones que desequilibren el orden constitucional y el Estado de Derecho en los países miembros”.
Las medidas establecidas en la declaración de UNASUR y de la XX Cumbre Iberoamericana son coincidentes en la condena a los intento y peor aun a los golpes de Estado, al mismo tiempo se han establecido salvaguardas para proteger la democracia.
A la par de estas proclamas, también se debería establecer sanciones a aquellos gobiernos que habiendo sido elegidos democráticamente por la voluntad popular en las urnas y con las reglas establecidas en las constituciones y leyes que rigen sus países, tratan mediante argucias pseudo legales de perennizarse en el poder, cambiando las reglas de juego con las que fueron elegidos. El caso de Venezuela no puede ser más patético, la Asamblea Nacional -con mayoría chavista- a espaldas del pueblo, aprobó la reelección presidencial en forma indefinida; en el Ecuador, mediante un proceso cuestionado se aprobó una nueva Constitución en la que se establece la reelección presidencial inmediata.
En Nicaragua sucedió algo más grotesco, mediante una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (con miembros suplentes afines al régimen), levantó de hecho una disposición constitucional, al declarar ‘inaplicable’ el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección continua del presidente. De esta forma el gobernante sandinista Daniel Ortega, a más de violar la Constitución, en elecciones denunciadas como fraudulentas, fue reelegido como presidente de Nicaragua. Este empobrecido país centroamericano que sufrió tanto en la era somocista, según la información, ahora es peor en la era de Ortega y sus secuaces.
Creo que los organismos internacionales deben sancionar drásticamente a todo tipo de golpes de Estado, es decir, de los solapados y de los directos.
* Alberto Molina Flores es coronel, en retiro, de las Fuerzas Armadas del Ecuador