Ecuador ha ofrecido desde enero asesoría jurídica a 2.000 ciudadanos que residen en España y están afectados por la crisis hipotecaria que azota ese país, según señaló a Efe el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.
«La asesoría jurídica básicamente significa decir a los ecuatorianos cómo se encuentran sus trámites, qué expectativas de solución tienen, cómo podrían ejecutar las expectativas de solución, cómo moverse dentro del juicio», señaló Rivadeneira.
Esta asesoría es resultado de un convenio que la Defensoría firmó en diciembre con la Cancillería y que se puso en marcha en enero para que la embajada ecuatoriana en España dé asistencia a los compatriotas que residen en ese país y tienen problemas para pagar su hipoteca.
En España viven más de 400.000 ecuatorianos, 600.000 si se cuentan a los nacionalizados, de los cuales el Gobierno de Ecuador calcula que unos 8.000 están afectados por la crisis hipotecaria.
Algunos de ellos recibieron el préstamo hace tiempo, por lo que la ejecución de la hipoteca por falta de pago les ha supuesto «una pérdida mayor» que a los que asumieron recientemente la deuda, explicó Rivadeneira, quien aseguró que unos 15.000 ecuatorianos obtuvieron créditos con la banca española.
La escalada del desempleo ha hecho imposible para algunos propietarios pagar las letras de la vivienda, la cual al mismo tiempo ha perdido valor en los últimos años por la caída generalizada del mercado inmobiliario.
En España la entrega de la vivienda no salda la deuda si ésta es mayor que el valor del inmueble, por lo que la persona afectada debe responder con sus otros bienes.
La única excepción son casos extremos en los que sí se aceptará la llamada «dación en pago», tras un decreto ley aprobado en marzo por el Gobierno, que calcula que desde el inicio de la crisis se han realizado 300.000 ejecuciones hipotecarias.
Rivadeneira señaló que hay ecuatorianos que han podido saldar la deuda con sus propios bienes, otros están en procesos judiciales o sentenciados, y algunos «han sido desalojados, no tienen vivienda y además siguen endeudados con la banca española».
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, lamentó la ley hipotecaria en España durante una visita a ese país en marzo, pero a su regreso a Quito se sorprendió de que la legislación en la nación andina fuese igual.
Por eso, presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que contempla la dación de pago para deudas menores a los 146.000 dólares y si es la única vivienda del hipotecado.
Además, Correa instó a la Junta Bancaria a que tome la resolución de que «ningún banco ecuatoriano pueda comprar cartera hipotecaria en España» para evitar la posibilidad de que intente cobrar la deuda en Ecuador.
Rivadeneira subrayó que Ecuador quiere que las personas hagan «el cumplimiento de las deudas, pero se realice en términos de razonabilidad» y «no en términos mayores» al valor del inmueble.
Para Rivadeneira existe «un problema de concepto» en las políticas de España, porque se trata la situación como si fuera «un conflicto entre particulares, pero cuando ya son miles o decenas de miles» de personas afectadas deja de ser un problema entre particulares y ahí tiene que intervenir «una política pública».
A su juicio, esta ley da «primacía al capital por encima de las personas (…) porque el capital nunca pierde, sino que siempre pierde el ser humano».
Ante la gravedad del problema, Rivadeneira anunció que propondrá a la Cancillería que se extienda el convenio para dar asesoría a los ecuatorianos en España, que finaliza el 31 de mayo. EFE