BUENOS AIRES (AP) — La Cámara de Diputados argentina comenzó a debatir este miércoles el proyecto de ley oficialista de expropiación del 51% de las acciones que la petrolera española Repsol tiene en la argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Se da por descontado que la iniciativa impulsada por la presidenta Cristina Fernández, aprobada en el Senado la semana pasada, será convertida en ley mañana en la cámara baja ya que el peronismo oficialista cuenta con el apoyo de partidos opositores.
El debate se inició con la interpretación del himno nacional. Se espera que el debate del proyecto, que declara de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos, será muy largo debido a que varias decenas de legisladores expondrán su opinión.
«Estamos contentos por el acompañamiento de los bloques opositores. Es una decisión política inteligente», dijo a periodistas Agustín Rossi, jefe de la bancada del oficialismo antes del inicio del debate.
El partido conservador Propuesta Republicana (PRO) anunció que votará en contra de la iniciativa. La diputada del PRO Laura Alonso afirmó a la prensa que el Ejecutivo pretende «ocultar una crisis energética que tiene origen en el gerenciamiento fallido de YPF, con responsabilidad del gobierno nacional».
Dentro de la centrista Unión Cívica Radical, principal fuerza opositora en el Parlamento, varios diputados se oponen a la decisión de sus dirigentes de votar a favor.
El proyecto establece que del 51% de las acciones sujetas a expropiación en la mayor petrolera argentina, que fue privatizada en los años 90, 51% pasará a estar bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las diez provincias productoras de petróleo. Repsol, con una participación actual de 57,43%, pasará a tener 6,43%.
Fernández dijo que Repsol no hizo las inversiones suficientes y que la producción de hidrocarburos de su filial bajó ostensiblemente, además de que giró excesivos dividendos al exterior, lo que es negado por la empresa española. YPF se encuentra en la actualidad intervenida por el gobierno.
El gobierno español ha manifestado su rechazo al plan expropiador y ha anunciado medidas en represalia. Analistas críticos a la decisión de la presidenta consideran que el Ejecutivo incurrirá en una confiscación de las acciones de la petrolera española.