La Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE) pidió este jueves al presidente Rafael Correa que vete parcialmente una ley sobre préstamos para vivienda y vehículos aprobada por la Legislatura, porque a su juicio ralentizará el crédito en el país.
«Esto es algo totalmente inconveniente«, dijo en un encuentro con la prensa César Robalino, director ejecutivo de la Asociación.
El proyecto de ley, enviado a la Asamblea Nacional por Correa, prevé saldar ciertas hipotecas con la entrega del inmueble, como una forma de evitar la situación existente en España, donde la deuda se mantiene en la mayoría de los casos.
La nueva norma se aplicaría a personas que tengan un crédito para la compra de una única vivienda familiar y que éste no exceda 500 salarios básicos, y siendo éste 292 dólares, el crédito sería de hasta 146.000 dólares.
En España, que pasa por una grave crisis económica, la entrega de la vivienda no acaba con la deuda si ésta es mayor que el valor del inmueble, por lo que la persona afectada debe responder con otros bienes.
La Asamblea Nacional aprobó ayer el proyecto, que Correa puede vetar total o parcialmente, así como modificar.
Robalino alertó de que si la propuesta recibe el aval del presidente, «va a producirse una desaceleración de la expansión crediticia«, pues los bancos «van a volverse más exigentes para la concesión de créditos«.
Sugirió que en lugar de dar préstamos por el 70 % del valor de la vivienda, como es lo usual entre las entidades financieras privadas en Ecuador, éstas podrían decidir solo cubrir un 50 %.
El año pasado la cartera hipotecaria en manos de la banca privada ascendió a 1.350 millones de dólares, según datos de la ABPE, que estima que el crédito para la compra de vivienda ha aumentado anualmente cerca de un 21 % de media en los últimos 9 años.
La Asociación formalizará el pedido a Correa de que modifique las cláusulas del proyecto de ley en una carta en la que insistirá en que la llamada «dación en pago» sea aplicable a préstamos hipotecarios de como máximo 200 salarios mínimos (58.400 dólares).
También mantiene que la norma tiene efecto retroactivo, lo que es inconstitucional, pues se aplicaría a todos los procesos de ejecución de hipotecas a partir de su entrada en vigor, incluso si los préstamos fueron firmados antes de esa fecha.
Asimismo, Robalino criticó la obligación incluida en el texto de que los bancos dediquen un 5 % de su patrimonio al préstamo para la vivienda, puesto que existen algunas entidades pequeñas dedicadas al microcrédito que no tienen operaciones hipotecarias ni experiencia en ese área.
La Asamblea Nacional amplió el proyecto elaborado por el Ejecutivo para que la dación en pago se aplique también a los créditos para adquirir un único vehículo de uso familiar o personal, por un valor máximo de 100 salarios básicos (29.200 dólares).
La ABPE pedirá a Correa que elimine esa cláusula del proyecto. «La vivienda es un bien de inversión, pero el automóvil es un bien de consumo», dijo Robalino, quien destacó la rapidez con la que se deprecian los vehículos.
El sector automotriz prevé que la reducción del crédito en ese sector hará que las ventas caigan un 20 %, apuntó. EFE