Un informe preocupante

Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, acaba de publicar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador durante 2011. Pocas veces en nuestro país se producen informes en los que se aborda este asunto de tanta importancia en la forma como lo hace el mencionado programa, es decir, siguiendo pautas metodológicas según estándares internacionales.

La tradición ecuatoriana en esta materia ha sufrido de generalizaciones o ha caído en lo anecdótico. Más que informes globales lo que han abundado son denuncias, muchas de ellas graves, es verdad, pero que han sido generalmente capturadas por ciertas plataformas partidistas y hasta electorales. La defensa de los derechos humanos no es ni debe ser propiedad de ningún partido político o tendencia ideológica. En una sociedad democrática todos –incluyendo empresarios, profesionales, estudiantes, etcétera– debemos tomar en serio la protección de los derechos humanos.

El informe del PADH contribuye decididamente en esa dirección. A pesar de que podamos discrepar con algunas de sus afirmaciones, en general es un documento preparado con rigor académico, cuya lectura no deja de preocupar y hasta alarmar.

Por ejemplo, la impresión general que se ha tenido es que las garantías jurisdiccionales de constitucionalidad, y en concreto la acción de protección constitucional, es un mecanismo inútil, pues, los jueces de manera rutinaria prefieren negarlas antes que enfrentar sanciones. En el informe esa impresión se confirma pero con un sustento estadístico. En la provincia de Pichincha solamente 9 de cada 10 acciones de protección son negadas, una cifra escalofriante. Como lo es el que en los últimos años se han declarado 131 estados de excepción (en los cinco años de Roldós-Hurtado se llegó apenas a 8), los que han incluido nada menos que al Parlamento y al Poder Judicial. Así como el uso desaforado de enjuiciamientos por terrorismo, sabotaje y atentados a la seguridad del Estado. El informe aborda las acciones y omisiones de todas las funciones estatales. Y esto es correcto, pues, la vulneración de los derechos humanos puede venir de todas ellas.

A ningún gobierno le hace gracia este tipo de informes. Pero en sociedades democráticas las autoridades los acogen como referentes para mejorar sus políticas y no como ocasión para triturar a quienes los preparan y menos para avasallar a quienes simplemente los divulgan.

Habría sido muy difícil que la situación de los derechos humanos en el Ecuador llegue a los niveles de deterioro que el informe del PADH constata si el país hubiese tenido un sistema judicial y de control constitucional independiente, transparente, profesional y democrático. Con raras y cada vez menos excepciones, los operadores de ambos sistemas se han convertido en los facilitadores de ese deterioro.

No hemos llegado ciertamente a niveles de esos regímenes de vulneración sistémica de los derechos humanos. Pero lamentablemente hay síntomas –entre ellos el duro ataque a la Comisión Interamericana– que parecen llevarnos allá. El informe del PADH es una advertencia para empeñarnos en evitar llegar a semejante escenario.