Autoritarismo plebiscitario

Mauricio Maldonado Muñoz
Buenos Aires, Argentina

Llamo ‘autoritarismo plebiscitario’ a la práctica en la que el gobierno “legitima” sus actuaciones autoritarias a través de las elecciones. Me opongo a la denominación ‘democracia plebiscitaria’ que se suele usar para denominar a esta forma de gobernar y la reemplazo por la denominación precitada.

La reemplazo, en primer lugar, porque todos los sistemas democráticos son plebiscitarios. Obviamente, no pueden ser exclusivamente plebiscitarios, porque la democracia se construye de otros preceptos; pero, en esencia, las elecciones son parte irrecusable de los sistemas democráticos, de modo que decir “democracia plebiscitaria” resulta tautológico y para nada es indicativo de lo que se busca referir (en todo caso, por ello, más valdría decir: “democracia exclusivamente plebiscitaria”).

Si hablamos de autoritarismo plebiscitario, en cambio, excluimos de plano el concepto democracia, lo que estimo correcto porque un sistema electoral no es, de suyo, un sistema democrático (se puede leer en “La Regla de la mayoría: límites y aporías” de Norberto Bobbio que las decisiones mayoritarias no son privativas ni denotativas de los sistemas democráticos), de tal suerte que referirse a un sistema de decisiones mayoritarias y llamarlo, por tal, democracia, es inexacto. En segundo lugar, me opongo porque en democracia hay decisiones que no pueden ser tomadas ni siquiera por mayoría (lo que Bobbio llama derechos contra la mayoría).

Asuntos como la separación de funciones, las libertades inherentes a cada ser humano, la alternabilidad en el poder, la representación de las minorías, etc., no corresponden ser objeto de decisión de la mayoría, porque son conceptos prácticamente inmutables, esos sí, denotativos y definitorios de los sistemas democráticos.

La denominación ‘autoritarismo plebiscitario’ resuelve estas antinomias pues, por definición, ningún autoritarismo es plebiscitario (como sí las democracias); de manera que esa caracterización dada al autoritarismo explica de modo idóneo una forma de desviación democrática, basada en un modelo autoritario.

Si las decisiones autoritarias (entiendo por éstas, a aquellas decisiones que están vedadas de ventilar a la mayoría y que constituyen un abuso de autoridad en el sistema democrático) se “legitiman” con el consentimiento colectivo, entonces existe, efectivamente, una forma de autoritarismo, pero no una forma tradicional de aquel, sino una forma “deformada”. Lo que cambia, en ese supuesto, es la vía que se usa para aplicar las políticas autoritarias. Así, si en la concepción tradicional, la degeneración del sistema democrático es la demagogia (como en el concepto aristotélico), en una concepción moderna, la degeneración de la democracia es el ‘autoritarismo plebiscitario’.

El sustantivo ‘autoritarismo’, seguido del adjetivo ‘plebiscitario’, sugiere, entonces, la existencia de, al menos, dos aspectos concurrentes: i) Políticas contrarias al régimen democrático (políticas autoritarias); y, ii) Elecciones populares que amparan las decisiones anteriores.

Así, el sistema aparece como democrático; de hecho, se pretende y propugna la existencia de un alto grado de participación democrática, porque se estima (ingenuamente o con conocimiento de causa) que esas decisiones están amparadas en la aprobación del pueblo (ficción jurídica y política) y que por ende son absolutamente válidas. Por supuesto que esta no es más que una verdad perogrullesca, visto todo lo que ya dejo sentado.

Ahora, las decisiones autoritarias no tienen que ser “tiránicas” para que se las considere tales; basta que sean contrarias al sistema democrático.

Me queda claro que la voz de la mayoría no es la voz autorizada de toda decisión. Ni aún con el consentimiento mayoritario pueden desconocerse los preceptos democráticos, pues el sistema electoral es sólo un aspecto del complejo sistema que llamamos democracia, que algunos reducen al sistema electoral, siendo que aquella es una afirmación falaz y antojadiza.

De ese modo, a pesar de que entiendo la naturaleza particular de la política y las relaciones que crea, quiero decir que, metafóricamente, quien pretenda ejercerla (a la política) en un Estado democrático, debe jugar el papel de un ajedrecista. El ajedrecista sabe de antemano que puede usar muchas estrategias, que puede utilizar las mismas para obtener ciertos resultados esperados; pero, del mismo modo, conoce que no puede trasgredir las normas que rigen el juego en cuestión. Por lo que, si bien le está permitido moverse dentro de un amplio espectro de posibilidades, no puede salirse de unas reglas mínimas establecidas previamente. Es decir, lo que en la sociedad serían las normas de convivencia, los mínimos sociales, el ordenamiento jurídico. En un Estado constitucional, el ordenamiento jurídico sujeto a la norma suprema fundada en un sentido de justicia y razón.