El 2 de julio pasado, el presidente de la República envió a la Asamblea un proyecto de ley, calificado de urgente en materia económica, «para la defensa de los derechos laborales»; pero pese a lo que su título sugiere, la propuesta tiene un alcance mucho mayor. De ser aprobada permitiría que cualquier entidad pública con jurisdicción coactiva inicie esa vía de cobro no solo contra quien figure como deudor principal, sino que: «En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurídica), se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en el Ecuador» (art. 2).
De un tiempo acá —¿tal vez siempre?— la doble moral parece algo así como un deporte nacional. En todos los ámbitos —no solo el político— los de un bando atacan al otro por X motivo y luego hacen exactamente lo mismo para defender su posición. En Ecuador es muy difícil encontrar gente que defienda principios cuando estos no juegan a su favor. Y una de las áreas donde mejor se muestra este fariseísmo nacional es en nuestra política exterior, tristemente capitaneada por el canciller Ricardo Patiño.
Terminada la II Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el uno liderado por los Estados Unidos y sus aliados de Occidente, bajo la organización de la OTAN y el otro liderado por la Unión Soviética y sus aliados del Este, bajo la organización del Pacto de Varsovia.
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