Assange, Lugo y la doble moral en Ecuador

Por Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

De un tiempo acá —¿tal vez siempre?— la doble moral parece algo así como un deporte nacional. En todos los ámbitos —no solo el político— los de un bando atacan al otro por X motivo y luego hacen exactamente lo mismo para defender su posición. En Ecuador es muy difícil encontrar gente que defienda principios cuando estos no juegan a su favor. Y una de las áreas donde mejor se muestra este fariseísmo nacional es en nuestra política exterior, tristemente capitaneada por el canciller Ricardo Patiño.

Dos casos emblemáticos de doble discurso en nuestra diplomacia, en orden cronológico: el asilo pedido por Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres y el juicio político a Fernando Lugo, destituido de la presidencia de Paraguay por voto mayoritario del Senado.

Julian Assange.

Comencemos por Assange. Asumamos como cierto que la acusación que pende en su contra en Suecia, por cargos verdaderamente irrisorios de delitos sexuales, forma parte de una gran persecución política que dirige Estados Unidos por la publicación de cables diplomáticos secretos a través de Wikileaks, organización que fundó y dirige Assange. Asumamos que si Assange es juzgado en Suecia, Estados Unidos lo podría acusar y pedir su extradición para aplicarle la pena de muerte. En este caso, ¿cabría otorgarle asilo político? En mi opinión, sí.

Lo criticable no es que Correa piense que Assange merece el asilo, sino que tanto él como algunos de sus opositores —incluyendo a parte de la prensa privada— utilicen el caso para evidenciar su lamentable incoherencia.

Correa defiende a Assange como baluarte de la libertad de expresión en el mundo y muestra su confianza en Ecuador como una prueba irrefutable de su compromiso con dicho principio, cuando él ha sido el principal enemigo de la libertad de expresión en el país. ¿Cuántas veces Correa no ha acusado a la prensa de atentar contra la “seguridad nacional” por sus publicaciones? ¿Acaso olvidamos que Correa obtuvo un fallo de la justicia —hoy controlada por un Consejo de la Judicatura puesto por él— que le daba una indemnización de 40 millones de dólares por un artículo de opinión? ¿Acaso olvidamos que el gobierno, en el caso El Universo, alegó que no cabía que Panamá asile a los Pérez por un delito “común” de injurias, mientras que a Assange también se lo acusa por un delito “común” de abuso sexual? ¿Que Correa habitualmente injuria y crucifica mediáticamente a todo medio o periodista que se atreva a cuestionarlo? Solo por un momento, ¿se podrían imaginar qué le hubiera pasado a Assange si hubiera hecho lo que hizo mientras ejercía el periodismo en Ecuador? ¿O si Assange se hubiera atrevido a publicar “leaks” sobre el 30 de septiembre, cuando el gobierno impidió que los medios privados transmitieran información independiente?

Pero las contradicciones también vienen del otro lado. Para justificar su rechazo al asilo pedido por Assange, algunos han afirmado que no cabe otorgarlo porque, a pesar de un notorio clima de persecución internacional, se lo está juzgando por delitos sexuales, que jurídicamente no serían delitos políticos. Esos son los mismos que en el caso El Universo dijeron que, a pesar de que la injuria es un delito común, las demás evidencias de persecución política contra Emilio Palacio y los Pérez sí justificaban un asilo. ¿Y entonces?

Fernando Lugo.

Veamos ahora el caso de Lugo en Paraguay. Lugo fue destituido por un juicio político del Senado, con 39 votos a favor y 4 en contra, es decir, con aplastante mayoría, en un procedimiento que, a pesar de no haber dado tiempo suficiente para preparar la defensa del mandatario, fue validado por las autoridades judiciales y electorales de Paraguay. La reacción de Correa fue acusar un golpe de Estado, rasgarse las vestiduras por atentar contra la democracia y pedir severas sanciones económicas a través de organismos regionales, que fueron afortunadamente bloqueadas por la sensatez de Brasil y Uruguay.

¡Vaya contradicción! Hace pocos meses, Correa armó todo un show para no ir a la Cumbre de las Américas porque no se invitaba a Cuba, la única dictadura de América Latina y, por tanto, el régimen menos democrático de todo el continente. Ahí parece que, para Correa, la falta de democracia no podía servir para enturbiar las relaciones internacionales, porque eso sería violar la soberanía: discurso diametralmente opuesto al que sostuvo con Paraguay. Por otro lado, en el mismo caso de Cuba, Correa —y muchos otros— han criticado el embargo estadounidense alegando —con razón— que las sanciones económicas no perjudican a los líderes sino a los ciudadanos, con lo cual se los victimiza doblemente. Todo eso no parecía importar a la hora de exigir que se aplique ese mismo tipo de sanciones al pueblo paraguayo por lo que hicieron sus senadores.

Por otro lado, para colmo de ironías, Correa, Morales y Chávez toda la vida han abanderado la doctrina radical de la soberanía para justificar cualquier cosa que hagan los gobiernos en sus países, desde un Assad que masacra a su gente y mantiene centros espantosos de tortura en Siria, hasta los hermanos Castro que perviven en la dictadura más larga de la historia latinoamericana. ¡Sorpresa! Resulta que cuando la víctima de la política nacional es uno de sus compadres, entonces ahí sí las organizaciones internacionales tienen el deber de entrometerse para defender la democracia y hasta cabe enviar al canciller Maduro para intentar que la cúpula militar en Paraguay no reconozca el juicio político contra su amigo. Ahí sí, la soberanía es un aspecto meramente secundario.

Cómo olvidar, por último, la ternura que inspiran los paladines del ALBA cuando critican una destitución parlamentaria como la madre de los atentados a la democracia, mientras algunos, en su propia tierra, amordazan a los medios de comunicación, satanizan a la oposición política, se reeligen indefinidamente, boicotean elecciones, se burlan del sistema interamericano de derechos humanos, bendicen ciertos golpes de Estado —los “buenos”—, se pasan por alto —cuando no descalabran— a sus parlamentos y manipulan descaradamente el sistema judicial.

América Latina estaría mucho mejor si sus organismos regionales realmente fiscalizaran los atentados a la democracia no solo contra los presidentes, sino contra las demás funciones del Estado, en vez de mantener un doble discurso de defender los principios republicanos solo cuando peligran ciertos amigos.

Publicado originalmente en el blog www.realidadecuador.com