Oposición irresponsable y ciega

Por Carlos Larreátegui
Quito, Ecuador

Entre traiciones, trashumancias políticas, impugnaciones y ambiciones desenfrenadas, los grupos de oposición inscribieron sus candidaturas para los comicios generales del 2013. Resulta inverosímil que estos movimientos no hayan descifrado la coyuntura peligrosa que vive el país y que reediten conductas irresponsables que desprestigiaron el sistema de partidos y socavaron la estructura institucional del país.

Un 60 por ciento de los ecuatorianos pedía un ejercicio de unidad que permitiera enfrentar y vencer el proyecto populista y autoritario de Alianza País. Al final, y como siempre, prevalecieron los apetitos individuales y se desoyó el clamor general. Con ocho candidaturas presidenciales (mientras escribo este artículo) y una legión de postulantes a la Asamblea, la oposición se presenta dispersa y fragmentada. Sin programas políticos estructurados e integrales, los candidatos se promocionan con eslóganes manidos y vulgares y, como exige la moda, una buena artillería de acusaciones, descalificaciones e insultos para no desentonar con el estilo oficial.

La mayoría de ecuatorianos esperaba acuerdos políticos de fondo que permitieran desmantelar el aparato totalitario derivado de la Constitución de Montecristi y recuperar, entre otras cosas, la Función Judicial, la Corte Constitucional, el CNE, los organismos de control y todas aquellas instituciones que una sociedad democrática y civilizada protege para hacer valer los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

Los candidatos de oposición no representan el interés general ni responden a los anhelos de la mayoría. Sus ambiciones personales expresadas en la proliferación de candidatos y en la ausencia de una plataforma de reconstrucción institucional y democrática les alejan de la ciudadanía y les restan legitimidad. La altísima fragmentación de las fuerzas opositoras facilitará enormemente un nuevo triunfo del Gobierno.

Por ello, y a pesar de que Alianza País cuenta con un respaldo que no supera el 40 por ciento de los electores, la atomización de sus contradictores allana el camino de la reelección y la instalación de una Asamblea dividida e inoperante que beneficie al Ejecutivo. Esto, sin contar con que el Gobierno posee todo un andamiaje jurídico – aunque resulte inconstitucional e ilegal- para gobernar a su antojo.

La composición del electorado y las preferencias de los votantes exigían un acuerdo sólido entre los diferentes actores y movimientos de la oposición para catapultar un candidato presidencial a la segunda vuelta. Si bien el Presidente goza de un respaldo importante, la grave polarización que ha provocado en sus cinco años de ejercicio le generan altas cotas de rechazo que podrían ser determinantes en una segunda ronda electoral. Lo sucedido es lamentable y altamente reprochable.

* Carlos Larreátegui es Rector de la Universidad de las Américas. Su texto ha sido publicado originalmente por el diario El Comercio.