Karina Banfi
Washington, Estados Unidos
El 22 de marzo, en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó el intento del ALBA por debilitar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El ALBA se quedó sin aliados y se puso en un callejón sin salida. El gobierno ecuatoriano, que lideró la embestida, tuvo que ceder y arrastró a sus socios de Bolivia, Nicaragua y Venezuela frente a la posición mayoritaria de lograr un acuerdo sobre la reforma de la CIDH.
Este proceso de reformas comenzó hace 21 meses y participaron todos los Estados miembros de la OEA, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos , y las organizaciones de la sociedad civil. El grupo del ALBA mantuvo la dura posición de afectar la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En junio de este año, en la última Asamblea General de la OEA, en Cochabamba, se decidió que una Asamblea General Extraordinaria resolvería el proceso de reformas.
Esta reunión de cancilleres en la sede de la OEA en Washington duró más de 14 horas. Los representantes de Uruguay, Brasil, México, Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina manifestaron su defensa del sistema, posición a la que se sumó el resto de los países. Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia mantuvieron su oposición, y cuestionaron principalmente la existencia de una Relatoría Especial de Libertad de Expresión.
Hasta último minuto continuaron las especulaciones por dilatar el debate, y la voluntad de unos pocos era llevar la aprobación de la reforma a la próxima Asamblea General de la OEA en Guatemala. No lo lograron. El rol de la sociedad civil fue clave para los análisis técnicos desde el principio, y para la defensa de la autonomía del SIDH y la existencia de relatorías. Los cuatro países en minoría insistieron hasta el cansancio. Amenazó el canciller Patiño de Ecuador con abandonar el Sistema Interamericano.
Argentina planteó una fórmula de consenso en la redacción de la resolución que debía aprobarse, liderada por el canciller Timerman, y comenzaron las negociaciones con la preocupación de que si había una votación, estos países se irían.
Cerca de medianoche, Argentina logró la unanimidad con la propuesta de redacción. La redacción consensuada mantiene la idea de la continuidad del diálogo, un punto de alto interés para Ecuador. La negociación estaba puesta ahora en qué modo y a qué costo.
Habrá muchas interpretaciones y puntos de vista. El ánimo en la OEA era de necesidad de terminar este proceso y comenzar a probar la efectividad de las reformas. En la implementación veremos las virtudes y sus deficiencias, y serán las víctimas de violaciones de derechos humanos quienes pondrán el termómetro.
Si quiere volver a embestir, la minoría del ALBA necesitará insistir con mantener el proceso abierto y, lo que es seguro, obligará a todo el resto a estar más atentos. Será la oportunidad de que la diplomacia muestre qué es el arte de decir “no” a tiempo para evitar males mayores.
Tenemos hoy un Sistema Interamericano con cambios que lo actualizan sin afectar la autonomía, y con compromisos de aportes financieros por parte de los Estados.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión salió fortalecida en su autonomía financiera y el reconocimiento de sus plenas capacidades. También es valioso el acuerdo en la necesidad de dar categoría de “especiales” al resto de las Relatorías. Los Estados parte de la OEA se comprometieron con la defensa de los derechos humanos poniéndose de acuerdo.
* Karina Banfi, abogada argentina, es Secretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Su texto ha sido publicado originalmente por Perfil.com