Diario La Prensa
Managua, Nicaragua
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, de auditar el 46 por ciento de los votos emitidos en la elección presidencial del domingo 14 de abril —la cual fue aceptada de inmediato por el candidato opositor Henrique Capriles—, es una escalera para que el Gobierno y la oposición se bajen del nivel de extrema tensión al que ha llegado el conflicto político venezolano, y para que, al menos temporalmente, se restablezca la calma en ese país suramericano tan polarizado por el chavismo.
De manera significativa, el canciller de España, José Manuel García-Margallo, al avalar diplomáticamente esta decisión del CNE la calificó como “un paso adelante en la reconciliación y el diálogo necesario” en Venezuela. Sin embargo, se trata de una reconciliación aparente y temporal, porque la democracia es irreconciliable con la dictadura, es más bien una tregua para que el conflicto político no degenere a situaciones de extrema violencia y menos a un baño de sangre por parte del régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro, algo para mientras se crean todas las condiciones de un cambio democrático.
La auditoría que anunció la presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, será solo del 46 por ciento de los votos emitidos el 14 de abril, porque supuestamente el otro 54 por ciento de los sufragios fue auditado el mismo día de la elección presidencial. Y según declaró Henrique Capriles, al aceptar la decisión del CNE, ese 46 por ciento de los votos que se va a auditar “corresponde a 12 mil cajas electorales (que es) donde están los problemas”, es decir, las irregularidades fraudulentas. Sin embargo, esa auditoría de los votos no será el recuento total, uno por uno, ni la comparación de las papeletas con las máquinas de votación y con los cuadernos de los fiscales y las actas de votación, que fue la demanda inicial presentada por el candidato opositor, cuando desconoció el triunfo de Maduro debido a las fuertes sospechas —y certezas— de que se cometió un fraude electoral.
La presidenta del CNE asegura que un nuevo escrutinio de los votos, uno por uno, “solo se puede solicitar mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Pero previamente la presidenta de este tribunal, Luisa Morales, faltando a la ética de su función pública rechazó de plano esa posibilidad, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece el contencioso electoral en su artículo 297 y en el Tribunal Supremo de Justicia existe la Sala Electoral.
Se informa que la auditoría del 46 por ciento de los votos durará un mes, cuando menos, tiempo suficiente para que se calmen las pasiones políticas y que las fuerzas contendientes comiencen a prepararse para los próximos enfrentamientos políticos. Pero en el terreno pacífico, electoral, que es el escenario escogido por la oposición democrática, no en el de la violencia y la represión sangrienta, que es el que quiere provocar el régimen chavista que preside Nicolás Maduro para justificar lo que él llama “la radicalización de la revolución”.
Como enseña la experiencia histórica, las protestas populares contra los fraudes electorales aunque sean justas no siempre triunfan. A veces incluso no conducen a nada, pero eso no significa el fin de la lucha por la libertad y la democracia. En Venezuela, la siguiente batalla política que la oposición democrática librará contra la dictadura chavista, será la de las elecciones municipales programadas para el 14 de julio de este mismo año.