Ecuador no logra consenso sobre cambio de sede de la CIDH

Cochabamba (Bolivia), 14 may (EFE).- Los veinte países que participaron hoy en la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no lograron un consenso sobre una propuesta formal para cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Washington.

El traslado de la sede de la CIDH a otro país, propuesta que tiene en Ecuador y el resto de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sus principales impulsores, no convence del todo al resto de los Estados que, como Brasil, consideran que debe incluir un análisis del coste económico que supone ese proceso.

El argumento de los países del ALBA es que resulta incongruente que el organismo tenga sus instalaciones en un país que no ha suscrito el Pacto de San José, principal instrumento sobre los derechos humanos en el continente.

Aunque se barajaba la posibilidad de que de este foro saliera una propuesta consensuada sobre el cambio de sede, finalmente los países no han cerrado en bloque un acuerdo que pueda ser presentado ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará en Guatemala en el mes de junio.

Al respecto en declaraciones al finalizar la conferencia, Patriota señaló que se debe evaluar «la conveniencia del traslado de la sede, examinando los aspectos de costos, jurídicos y otros que puedan estar involucrados en este proceso».

Argentina, Perú y Costa Rica (que ya alberga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH) son algunos de los países que han sonado como posibles candidatos.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien inauguró la conferencia, acusó a la CIDH de cuestionar «sólo a los Gobiernos y presidentes antiimperialistas» e insistió en la necesidad de reformar en profundidad a la OEA.

«La CIDH termina encubriendo la violación de derechos humanos en Estados no signatarios de la convención. Elabora informes sobre Bolivia, Haití, Ecuador, Nicaragua, pero tiene amnesia sobre Estados Unidos», dijo el mandatario.

Desde Montevideo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, criticó hoy el «doble rasero» que usan los Gobiernos de Bolivia y otros países latinoamericanos para evaluar las violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente.

«Hay dos raseros: cuando se les pone en la mesa violaciones en el presente, reaccionan diciendo que es un ataque político, diciendo que es un instrumento del imperio», afirmó.

Los asistentes suscribieron la «Declaración de Cochabamba», leída por el canciller boliviano, David Choquehuanca, que establece la creación de una comisión especial de ministros para realizar visitas a los países que no forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En esta comisión, los cancilleres de Uruguay y Haití representarán a Suramérica y el Caribe, respectivamente, mientras queda pendiente la designación de los delegados centroamericano y norteamericano.

Los ministros tienen la misión de organizar una reunión entre los Estados firmantes y los no firmantes del Pacto de San José, además de miembros de la sociedad civil y otros actores sociales «para afianzar y promover la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos».

La idea es lograr todas las adhesiones posibles a la Convención, puesto que en la actualidad solo 23 de los 34 países de la OEA han suscrito la citada convención.

Además, se acordó la creación de un grupo de trabajo encabezado por Uruguay y Ecuador, que deberá «avanzar en la consideración de la conveniencia» del cambio de sede, especialmente en lo que se refiere a la operatividad de la propuesta.

«No puedo anticipar si esto estará en Guatemala pero hemos pedido trabajar en la concreción de esta idea», precisó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, a preguntas de Efe sobre la posibilidad de que el informe encargado al grupo de trabajo esté listo para la próxima Asamblea de la OEA.

Además, los asistentes resolvieron solicitar al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, que presente al Consejo Permanente el análisis detallado de las fuentes de financiamiento de los costos de funcionamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, «en el más corto plazo».

A la cita estaban convocados los cancilleres de los 23 Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, asistieron solo cuatro: de Argentina, Héctor Timerman; Ecuador, Ricardo Patiño; Brasil, Antonio Patriota, y el anfitrión, David Choquehuanca, del resto participaron viceministros y responsables del área de los derechos humanos. EFE

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