El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano por los desalojos forzosos que el Gobierno ordenó en un sector de Monte Sinaí, en Guayaquil, según informa Diario El Universo.
Los desalojos se apoyan en un decreto ejecutivo del 28 de diciembre del 2010 en el que el presidente Rafael Correa declaró el Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena como Área de Reserva de Seguridad en la Delimitación de Espacios Geográficos Nacionales Reservados que «estarán bajo control de las Fuerzas Armadas», y que los asentamientos irregulares desde diciembre del 2010 «deberán ser desalojados por no tener derecho alguno a seguir habitando dentro del mismo».
El CPDH argumenta que el «Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece que incluso cuando se impongan limitaciones al derecho a la vivienda: Se exige el pleno respeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que las limitaciones que se impongan deberán ser determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos (económicos, sociales y culturales) y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática”.
«En el presente caso no se está tomando en cuenta dicho requerimiento puesto que los desalojos han sido ordenados y regulados por el Decreto Ejecutivo 358 del 8 de enero del 2011 y no por una ley expedida por la Asamblea Nacional», señaló el CPDH.
Los textos y copias de las notificaciones de desalojo, en algunas de ellas no constaba el nombre del desalojado, solo las letras NN, entre otros documentos, fueron enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
