El Gobierno de Rafael Correa dio en 2013 pasos decididos para consolidar su modelo político, que busca una transformación radical del país, frente a la contestación de ciertos medios de comunicación, empresas y sectores sociales.
El mandatario, que en febrero ganó por amplia mayoría las elecciones (con el 57,79 % de los votos), impulsó una ley de comunicación considerada una «mordaza» por amplios sectores periodísticos por incluir figuras como el linchamiento mediático y una Superintendecia de Comunicación.
Según organizaciones de periodistas, esas figuras limitan la libertad de información, pero el Ejecutivo asegura que, precisamente, la garantizan.
Estos y otros elementos de la ley fueron criticados también por organizaciones profesionales de fuera del país, pero el Gobierno, que quiere acabar con lo que considera mentiras contra él de «medios corruptos», aprobó la norma en junio con la comodidad que le otorga el control de más del 70 % de los escaños de la Asamblea Nacional.
Correa, en su tercer y según ha dicho último mandato, quiere avanzar en su modelo de Revolución Ciudadana hacia el «Buen Vivir».
Durante su gestión ha reducido en 14 puntos la pobreza y ha dejado el desempleo en torno al 4 %, con un crecimiento económico superior al 4 % durante los últimos años y una inflación contenida, según cifras oficiales.
En el primer año de este periodo de gobierno, sin embargo, tuvo que renunciar a uno de sus proyectos más emblemáticos, que consistía en dejar bajo tierra parte del petróleo que yace en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní a cambio de la contribución económica de la comunidad internacional.
La idea era recibir una compensación de 3.600 millones de dólares (2.600 millones de euros) en doce años pero, tras seis años de búsqueda de fondos con poco éxito, el mandatario anunció su intención de extraer el crudo, medida que fue aprobada por la Asamblea Nacional para disgusto de ambientalistas, organizaciones indígenas y otros sectores, que reclaman una consulta popular.
Algunos de estos colectivos han iniciado ya campañas de recogida de firmas para llevar a cabo la consulta, mientras que otros reclaman la retirada del proyecto con el argumento de que puede afectar a comunidades que habitan en la región amazónica en situación de aislamiento voluntario.
Pero Correa y su Gobierno defienden ahora que la extracción es necesaria porque Ecuador necesita los recursos provenientes de la venta del petróleo, que, no en vano, financia cerca del 20-25 % del presupuesto nacional.
Entre sus argumentos para llevar adelante la explotación figuran que los recursos permitirán reducir aún más la pobreza, que serán destinados de forma preferente a los habitantes de la región amazónica y que se afectará menos del 1 por 1.000 del Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
En el exterior, el mandatario se mantuvo en su línea de ampliar sus relaciones para abrir más mercados sin descuidar los tradicionales y de peso para las ventas externas, como Estados Unidos, y mantiene la mirada puesta en lograr un acuerdo comercial y de cooperación con la Unión Europea.
Estados Unidos, precisamente, fue blanco de críticas del gobernante por los casos de espionaje revelados por el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden, de quien se dijo que podría buscar asilo en territorio ecuatoriano siguiendo los pasos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
Al respecto, Correa advirtió de que si se producía una petición de asilo de Snowden su Gobierno la estudiaría y tomaría una decisión «soberana», aunque finalmente el exagente se quedó en Rusia, donde recibió refugio.
Ese caso motivó, además, que el Gobierno ecuatoriano renunciara unilateralmente a un paquete de preferencias arancelarias que le otorgaba EE.UU. en respuesta a advertencias llegadas desde ese país por su posición en el asunto Snowden.
En la política internacional, Ecuador ha consolidado las relaciones con sus vecinos Colombia y Perú, ha mantenido a China como socio estratégico y ha defendido las decisiones soberanas del país en sus acercamientos con otras naciones, como Bielorrusia e Irán.
«Ecuador no va a pedir permiso a nadie para tener relaciones bilaterales soberanas con el país que quiera«, señaló Correa, al insistir en que su país no es «colonia de nadie».
Con proyección externa también ha desplegado una campaña para defenderse de lo que considera ataques de la trasnacional petrolera estadounidense Chevron, que fue condenada en 2011 por la justicia local a pagar más de 19.000 millones de dólares (14.000 millones de euros) de indemnización por los daños en la Amazonía durante el tiempo en que operó en Ecuador.
La condena fue ratificada este año por la Corte Nacional de Justicia que, sin embargo, rebajó a la mitad la indemnización impuesta a Chevron, empresa que rechaza la sentencia y tacha de «show mediático» la campaña del Gobierno ecuatoriano.
La petrolera, además, ha acusado de haber cometido fraude en el juicio a los grupos indígenas que le demandaron y a sus abogados, por lo que también se juzga a todos ellos ante un tribunal en Nueva York.
Un tribunal de arbitraje de La Haya, a su vez, tramita una demanda de la multinacional estadounidense para intentar endosar a Quito el pago de la indemnización que le impuso la justicia ecuatoriana. EFE