La Corte Constitucional anunció ayer que, en una sesión extraordinaria del Pleno, ha aceptado una acción de protección en favor del Servicio de Rentas Internas (SRI), en el caso de una sentencia emitida el 18 de julio por la Sala de lo Contencioso Tributario Corte Nacional de Justicia que daba la razón a la empresa de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Según el SRI, la sentencia dictada provocaba una pérdida de $ 17,7 millones por no cobro de impuestos y existía el riesgo potencial de una pérdida mayor de $ 250 millones por otros juicios similares con la misma empresa.
Adicionalmente, como medida de reparación integral, la Corte dispuso también que los conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, “expidan una nueva sentencia, garantizando el respeto de los derechos constitucionales”.
La Corte Constitucional argumenta que en este caso se advierte violación de los derechos constitucionales del SRI por lo que corresponde declarar tal vulneración.
En septiembre, los dos jueces de la Corte Nacional que fallaron dando la razón a OCP, Gustavo Durango y José Suing, fueron suspendidos por el Consejo Nacional de la Judicatura.