Culiacán (México), 7 ago (EFE).- Una ley que limita las coberturas informativas de sucesos policiales en el estado mexicano de Sinaloa, contra la que hoy se hicieron varias marchas, y la reciente muerte a tiros del hijo de un periodista han vuelto a poner a México en la mira de los defensores de la libertad de expresión.
Aunque ya no está en el podio de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo como a finales de la década pasada, cuando llegó a pelear el primer puesto con Irak, este fenómeno sigue siendo una lacra, sobre todo porque las naciones con las que se compara sufren conflictos bélicos internos.
El malestar de las trabajadores y las empresas periodísticas mexicanas, especialmente en el interior del país, quedó demostrado hoy con una manifestación simultánea en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis, en Sinaloa, en favor de la prensa libre y segura.
Empleados de medios de comunicación y periodistas autónomos, así como organizaciones civiles, se unieron en las calles para mostrar su rechazo a la llamada «Ley mordaza», como se conoce al Artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General (fiscalía) de Justicia del Estado, aprobado el 30 de julio pasado.
El texto legal señala que «los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública».
«En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, vídeo o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia», agrega.
Aunque dos días después de aprobar la reforma, el Congreso estatal y el gobernador Mario López anunciaron su próxima derogación, la marcha atrás de las autoridades, que aún no se ha concretado, no impidió las protestas de este jueves.
En Culiacán, la capital sinaloense, alrededor de 200 personas mostraron por el centro de la ciudad una gran lona con la imagen de un periodista con un candado en la boca.
«Estamos unidos en Sinaloa por el derecho a saber», afirmó a Efe el reportero José Alfredo Beltrán para justificar su presencia en la caminata.
«No es callando a los medios como la democracia puede consolidarse en Sinaloa; por el contrario, pretender amordazarlos es una retroceso autoritario que afecta a todos los ciudadanos», indicó por su parte Raquel Sapién, conductora de radio.
El martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó esta «Ley Mordaza», porque, a su juicio, es «un acto de grave censura», y aseguró que estará «alerta» ante el compromiso de derogarla.
Sinaloa es uno de los estados más violentos de México y cuna de capos del narcotráfico como Joaquín «el Chapo» Guzmán, cuya captura en febrero pasado ha deteriorado el ambiente en el territorio.
En las últimas horas cinco personas resultaron muertas, entre ellas un menor de edad, en un ataque armado contra el domicilio del comisario de policía del poblado sinaloense Casas Viejas, en el municipio de Concordia.
Además del caso de Sinaloa, las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras (RSF), pusieron el grito en el cielo esta semana por el atentado registrado el viernes pasado contra el periodista Indalecio Benitez, en el que resultó muerto a tiros su hijo de 12 años.
Una de las colaboradoras de Benítez, Maricarmen Aguilar, indicó a Efe que se desconocen los motivos del atentado, registrado en el estado de México, pero señaló que en la región se vive un clima de terror debido a las disputas por el control del territorio entre grupos del crimen organizado.
RSF pidió a las autoridades y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) proteger a Benítez y exigió una investigación oficial para determinar si el ataque fue debido a su actividad profesional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó el ataque y recordó que «la situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial» para la institución.
Según el último informe de la organización civil Emblema de Prensa (PEC), con sede en Ginebra, Ucrania e Irak, con siete reporteros asesinados, acaban de desplazar a Siria, con seis, como los dos lugares que más riesgo representan para los reporteros.
En el listado México aparece con tres crímenes, la misma cantidad que Filipinas y Honduras.
La Fiscalía mexicana informó en junio pasado que desde el año 2000 hasta el 30 de abril pasado fueron asesinados 102 periodistas en el país. EFE