Nueva York, 8 ago (EFE).- Argentina volvió a recibir hoy un aviso de desacato al Tribunal de Manhattan y a su juez Thomas Griesa, esta vez por seguir haciendo «afirmaciones falsas y engañosas» en prensa, en comunicados y en declaraciones oficiales sobre sus obligaciones legales con los tenedores de deuda.
El último aviso de desacato que el magistrado hizo al Gobierno argentino sucedió cuando emitió el pago de 1.031 millones de dólares para los bonistas de deuda reestructurada, violando así la cláusula de «pari passu» o pago simultáneo que da prioridad a los litigantes, los tenedores de bonos de deuda en mora desde 2001 que no se acogieron al canje de deuda.
Y si bien ese desacato lo frenó el propio juez al evitar que el pago se hiciera efectivo, bloqueando parte de los fondos que todavía se encuentran en los bancos, hoy el aviso de desacato fue precisamente por la insistencia del Gobierno argentino al asegurar que sí que pagó a los bonistas.
En una nueva audiencia de una hora de duración, Griesa aseguró que Argentina, en contra de lo que afirman sus gobernantes, «no ha pagado a los bonistas».
«Argentina sigue describiendo con detalle cómo debe hacerse el pago a los bonistas de deuda reestructurada (en 2005 y 2010) pero omite cualquier descripción de las obligaciones que tiene con los que no aceptaron el canje y a los requerimientos de este tribunal», añadió, en referencia al fallo favorable a los litigantes según el cual el país suramericano les debe 1.500 millones de dólares.
«Si el pago no se ha realizado según las indicaciones de este tribunal, en concreto respetando la cláusula ‘pari passu’ el pago no ha tenido lugar», sentenció el juez.
Griesa aseguró que esperaba que después de haber advertido a Argentina sobre esas afirmaciones «falsas y engañosas» (expresión que reiteró hasta diez veces durante la vista) en la última audiencia el 1 de agosto, esperaba que no se volvieran a repetir y que no ha querido «ir más lejos» y declarar el desacato hoy «ya que lo verdaderamente importante es llegar a un acuerdo» entre las partes.
Reiteró, además, que los derechos de cobro de los fondos especulativos «no es algo impuesto por esta corte, son condiciones de un contrato firmado por la propia Argentina«.
La vista estuvo casi monopolizada por las palabras de Griesa, aunque sí intervino brevemente el abogado de Argentina, Jonathan Blackman, quien pidió al tribunal que «entienda estas afirmaciones en su contexto» y que recuerde que «Argentina es un país y como tal tiene que pronunciarse sobre temas que son de interés público» aunque esto sea a veces «al margen de sus abogados».
Llamó la atención que Griesa obvió en todo momento mencionar el hecho de que el Gobierno de Argentina demandó este jueves a EE.UU. ante la Corte Internacional de La Haya por las decisiones judiciales en el caso de los fondos que, a su juicio, afectan a la «inmunidad» soberana del país.
En cambio, el juez se refirió fundamentalmente a artículos aparecidos en la prensa estadounidense, en concreto en The New York Times y en The Wall Street Journal.
Tras la insistencia de Griesa a que las partes vuelvan a la mesa de negociación (algo que ya dijo el pasado 1 de agosto) y sin convocatoria oficial al respecto desde hace ya diez días, el mediador judicial, Daniel Pollack, emitió un comunicado poco después de la vista en el que aseguraba su disponibilidad para seguir buscando la manera de llegar a un acuerdo.
«He seguido trabajando para encontrar una solución a los problemas que dividen a las partes», aseguró, añadiendo que su intención es «convocar y dirigir más negociaciones hasta que se alcance una solución, sea cual sea el tiempo que duren» y siempre «siguiendo las indicaciones del tribunal».
Por su parte, los abogados representantes de NML, fondo que lidera la demanda junto a Aurelius, remitieron al juez Griesa un informe antes del comienzo de la audiencia en que señalaban que Argentina«desafía al tribunal» al solicitar directamente a los bancos que desbloqueen el dinero que les ingresaron el 26 de junio.
En concreto, describo como «amenaza» las afirmaciones del país hacia el Bank of New York Mellon (BoNY), entidad donde siguen bloqueados los 539 millones de dólares que justificaron el cese de pagos selectivo declarado el 30 de julio.
De momento, las negociaciones parecen estar en el tejado de privados que hagan una oferta de compra de la deuda a los fondos especulativos para así heredar los derechos y negociar una solución que no entre en conflicto con el asunto de fondo del caso: la violación de la cláusula RUFO.
Esta cláusula estableció que los tenedores de bonos de deuda reestructurada podrán reclamar a Argentina más dinero si otros bonistas reciben unas mejores condiciones de pago que las suyas antes de que acabe el año 2014 y es para no incumplirla por lo que el país suramericano dilata el pago a los fondos especuladores.
El fondo Aurelius reconoció que habían llegado a su mesa este tipo de ofertas privadas, pero hasta ahora «ninguna merecedora de ser considerada seriamente». EFE