Quito.- Casi 700 personas privadas de libertad a nivel nacional realizarán el próximo día 27, el examen de ingreso a la educación superior, siguiendo con el nuevo modelo de rehabilitación de la población penal.
Los aspirantes participarán además en un ejercicio de simulación donde podrán conocer los pasos para conducirse en la prueba, en la cual medirán sus conocimientos con la mira en alcanzar el puntaje necesario para acceder a una carrera en la enseñanza superior.
Desde que comenzó esta práctica en el país, en 2012, una persona bajo régimen penitenciario se sometió a este examen, pero ahora podrá hacerlo una cantidad significativa en similar condición.
Como parte de la preparatoria, los interesados en ingresar en la educación superior han podido asistir a cursos de nivelación que han sido impartidos por docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Escuela Superior Politécnica del Ejército.
El próximo sábado también los agentes de seguridad penitenciaria podrán rendir el examen nacional para ingresar a la carrera técnica de Seguridad Penitenciaria que busca la profesionalización del personal encargado de la custodia de la población carcelaria.
Con esta nueva carrera, aprobada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene el objetivo de dar mayores garantías al respeto de los derechos humanos en los recintos penales y una atención integral a los sentenciados.
Cerca de 400 agentes también aplicaron para seguir esos estudios en el próximo período lectivo.
Este será el segundo examen nacional del año en curso, y según estadísticas difundidas, un total de 322 mil 599 estudiantes se registraron en 531 centros del país para probar conocimientos y acceder a un cupo en la enseñanza superior.
El nuevo Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigor en agosto pasado, establece la obligatoriedad del Sistema de Rehabilitación Social de promover la educación técnica y superior en los centros penitenciarios.
Esta modalidad se inscribe en los esfuerzos del país por transformar el modelo de reclusión y rehabilitación, que incluye desde la construcción de nuevos penales, la eliminación del hacinamiento en los reclusorios y los programas de capacitación para la inclusión social de los detenidos.
Fuente: Agencia de Noticias Andes