CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno del presidente Nicolás Maduro oficializó el viernes el despliegue masivo de funcionarios a cargo de inspeccionar los comercios de Venezuela, parte de un esfuerzo para mantener los precios bajo control y los anaqueles llenos de cara al incremento en el consumo en las festividades decembrinas.
«Hoy desplegamos, y ustedes van a ver en noviembre y diciembre (que) vamos a garantizar navidades felices para todo nuestro pueblo», dijo Maduro en un discurso televisado, en el cual destacó que fueron desplegados más de 27.500 fiscales «para cuidar que al pueblo no lo roben, lo ‘bachaqueen’ (víctima del contrabando)».
Las inspecciones se concentrarán en los comercios dedicados a la venta de alimentos, textiles, electrodomésticos, juguetes, calzado y ferreterías, que son los de mayor demanda en las fiestas navideñas.
Esta medida se retoma casi un año después que Maduro adoptó una estrategia semejante, la cual incluyó nuevas regulaciones para combatir la que ha denominado la «guerra económica» que, según él, empresarios y adversarios políticos desataron en 2013 para generar malestar entre los venezolanos y causar desorden en las calles.
Maduro, acosado por una inflación que en agosto alcanzó una tasa anualizada de 63,4%, ha advertido que será implacable contra aquellos empresarios que registren problemas de remarcación de precios y especulación.
El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, comentó que las inspecciones harán poco para aliviar los efectos de una galopante inflación y el desabasto que agobia a los venezolanos.
«En Venezuela hay una inmensa crisis de confianza», dijo el dirigente empresarial. Los sectores económicos «desconfían de las políticas económicas del gobierno y desconfían de la capacidad del gobierno para resolver los problemas. La experiencia nos dice que de medidas como esta, lo que queda es estanterías vacías, escasa o ninguna oferta y negocios cerrados», dijo Maldonado, citado en un comunicado.
Maduro salió el paso a las críticas y afirmó que «el que no la debe no la teme» y que si los inspectores no detectan irregularidad alguna saldrán de los comercios «tranquilamente».
Las inspecciones se enmarcan en el uso de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, en noviembre de 2013 para emitir decretos con fuerza de ley por un año.
Entre las normas promulgadas desde entonces por el mandatario para reforzar el dominio del gobierno sobre la agobiada economía venezolana destaca una legislación que se refiere al control de costos, ganancias y precios en la venta de todos los productos.
El gobernante anunció que las inspecciones serán permanentes.
Algunos dirigentes empresariales han señalado que las actividades y la producción de algunos sectores fundamentales descendieron por la paralización de la importación de materias primas e insumos causada por las limitaciones y el retraso del gobierno en la venta de las divisas oficiales.
Venezuela es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados que se consumen en el país.
El contrabando, particularmente hacia Colombia, ha sido estimulado por la depreciación de la moneda local y la marcada diferencia de precios de productos básicos a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.
Entre las medidas tomadas para frenar el contrabando, Maduro impuso desde agosto el cierre diario de la frontera durante unas siete horas en la noche. La medida fue rechazada por Bogotá.
Con estas medidas, las autoridades venezolanas esperan combatir el contrabando de combustible y alimentos, que generan pérdidas millonarias.
El gobierno estima que cerca de 40% de los productos básicos bajo control de precios, entre ellos la gasolina, salen del país ilegalmente.