México, 22 dic (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió hoy al estado mexicano de Guerrero y a la Secretaría de Gobernación dictar medidas cautelares en favor de activistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala.
Las medidas incluyen instruir a los funcionarios de ambos niveles de Gobierno a que abstengan de dar opiniones que «revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de defensores civiles de derechos humanos, víctimas y familiares de involucrados en el caso Iguala».
También deben exhortarles a «que garanticen un trato digno y respetuoso a los mismos», señaló la CNDH en un comunicado al aludir al caso de los 43 alumnos de una escuela rural para maestros de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en Iguala a manos de policías corruptos y criminales.
Además, esa noche murieron seis personas, incluidos tres alumnos de Ayotzinapa, y 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías municipales presuntamente ordenados por el entonces alcalde, José Luis Abarca, actualmente preso.
Según la investigación oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula, municipio vecino a Iguala, una versión en la que no creen sus familiares.
En oficios enviados a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón García, y al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, la CNDH indicó que varios funcionarios han descalificado el trabajo de activistas y familiares que buscan a los desaparecidos y reclaman justicia.
Las medidas cautelares de protección tienen como objetivo «evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas», señaló.
La institución recordó que el 27 de septiembre inició la investigación de lo ocurrido en Iguala para verificar que las autoridades «cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas» y evitar que los hechos queden impunes. EFE