Caracas, 18 mar (EFE).- Miles de trabajadores públicos del sector petrolero y eléctrico de Venezuela se movilizan hoy en Caracas en una marcha «antiimperialista» en respaldo al Gobierno de Nicolás Maduro después de que EE.UU. decretara una «emergencia nacional» por la «amenaza» que representa la situación del país suramericano.
La manifestación, convocada por el Ministerio de Petróleo y el de Energía Eléctrica y que ha movilizado a funcionarios de diferentes partes del territorio venezolano, recorre varias avenidas del oeste de la capital venezolana hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde serán recibidos por el presidente venezolano.
«Esta hermosa movilización nos lleva hasta Miraflores a entregar todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad al presidente Nicolás Maduro en esta lucha que llevan ante el imperialismo norteamericano», dijo a los periodistas el ministro de Petróleo venezolano, Asdrubal Chávez, desde el punto donde partió la marcha.
«Nuestro pueblo tiene que estar preparado para cualquier zarpazo que nos quiera atacar el imperialismo», añadió el ministro que advirtió de que Venezuela puede ser atacada «en cualquier momento».
Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Jessie Chacón, desestimó que Venezuela pueda representar una amenaza para EE.UU.
«Queremos decir que este pequeño país que es Venezuela no puede ser una amenaza a EE.UU., no tenemos portaaviones, no tenemos bombas atómicas, no tenemos misiles, solo tenemos la moral, la moral que nos dio (el fallecido presidente Hugo) Chávez», dijo.
Esta movilización se suma a un conjunto de actividades que ha desarrollado el oficialismo durante los últimos días en medio de la escalada de tensión entre Caracas y Washington y que incluyen ejercicios militares «defensivos» ordenados por el propio Maduro, para que, según dijo el mandatario, «la bota yanqui» no toque al país suramericano.
El Gobierno estadounidense declaró el pasado 9 de marzo una «emergencia nacional» por la «amenaza inusual y extraordinaria» de la situación en Venezuela para la seguridad de EE.UU. y amplió las sanciones a siete funcionarios venezolanos incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado por Washington.
La decisión de la Casa Blanca ha generado el rechazo de varios organismos regionales y de los Gobiernos latinoamericanos de izquierda, principales aliados políticos de Venezuela.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), reunidos ayer en Caracas, rechazaron las sanciones y solicitaron al presidente de EE.UU., Barack Obama, que derogue la orden ejecutiva que consideró a Venezuela «una amenaza». EFE