Venezuela acusa a Exxon de fomentar discordia con Guyana

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Foto: Presidencia de Venezuela.

Venezuela (AP) — Las tensiones entre Venezuela y Guyana por el descubrimiento de un yacimiento petrolero en aguas frente a la costa norte de Sudamérica tuvieron el martes un nuevo capítulo cuando el gobierno venezolano objetó un comunicado que emitió Guyana en el que criticó un decreto del presidente Nicolás Maduro sobre zonas de defensa que incluyen un área marítima que ambas naciones reclaman desde hace décadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana acusó el lunes a Venezuela de representar una «amenaza para la paz y la seguridad en la región» por ampliar mediante decreto sus reclamos territoriales en el Océano Atlántico. Agregó que cualquier intento de Venezuela de hacer valer sus reclamos será «resistido con firmeza» y señalado ante la comunidad internacional.

El martes, en declaraciones difundidas por la televisora estatal Venezolana de Televisión, Maduro expresó su sorpresa por el pronunciamiento del gobierno del presidente guyanés David Arthur Granger y culpó a la estadounidense Exxon Mobil de influir sobre funcionarios del vecino país.

«Realmente los conceptos y el lenguaje utilizado por ese comunicado están absolutamente fuera de la realidad y fuera de tono», dijo Maduro, y afirmó que él fue el más sorprendido por el comunicado de Guyana, sobre todo después que tras la elección de Granger, los mensajes que intercambiaron «apuntaban hacia relaciones de respeto, de solidaridad, de mantener la línea de cooperación».

«Creo que… quien redactó el comunicado en el gobierno de Guyana cometió un error diplomático, político, grave y están llevando al nuevo presidente a cometer errores graves. Así lo creo y así se lo digo con la mayor sinceridad», expresó el gobernante venezolano.

«Se lo digo al presidente de Guyana, presidente está a tiempo usted de dar un paso de altura y detener esta escalada de agresión verbal de la cancillería guyanesa y de sectores de Guyana contra el pueblo de Bolívar, contra Venezuela», aseveró.

«Es la Exxon Mobil la que está detrás de todo esto», agregó.

La petrolera estadounidense «ha venido trepando a lo interno del poder y las estructuras del poder que deciden los temas energéticos y de recursos petroleros en Guyana, y tiene posiciones de poder definitiva de lobby, de influencia sobre funcionarios claves y ha intentado varias provocaciones contra Venezuela», agregó.

Una subsidiaria de Exxon Mobil inició en marzo actividades de exploración en el campo Stabroek, ubicado en una cuenca frente a Guyana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana pidió a Caracas no interferir en esas exploraciones petroleras.

En un comunicado del martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano lamentó que la norma administrativa emitida el mes pasado por Maduro para organizar la asistencia de las nuevas tecnologías de información en labores de supervisión y protección marítima fuera tomada por Guyana para «escandalizar e intentar crear una crisis artificial inventando situaciones irracionales contra un país hermano como Venezuela».

«La única y sorprendente agresión es que el gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional poderosa como la Exxon Mobil incursionar en un territorio en reclamación entre ambas naciones», agregó el escrito.

Venezuela anunció en marzo de 2012 que había acudido a la Secretaría General de Naciones Unidas para ratificar la disputa territorial que mantiene con Guyana, una antigua colonia británica, por el denominado Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que incluye también un área marítima —rico en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo— que Venezuela reclama como suyo desde 1897.

La reclamación de Venezuela se enmarca en su desconocimiento del llamado Laudo Arbitral de París de 1899, mediante el cual Gran Bretaña despojó a Venezuela «ilícitamente» del Esequibo al establecer arbitrariamente los límites fronterizos de Guyana.

El reclamo por Esequibo se encuentra en manos del secretario general de las Naciones Unidas desde 1983 por acuerdo entre los dos países, según lo previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966. [I]

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