Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Según publica el Legislativo, «el proyecto tiene por objetivo incorporar las disposiciones constitucionales que hacen referencia a aquellos casos en los que culmina el período presidencial como consecuencia de la ruptura del orden democrático, evitando de este modo, tergiversar el sentido mismo del reconocimiento que otorga el Estado a aquellos ilustres ciudadanos que cumplen y sirvieron a su patria, distinguiendo de aquellos mandatarios que incumplieron este deber».
De esta manera la normativa establece incorporar a continuación del primer inciso del artículo 135 el siguiente inciso que diga que se exceptúan también aquellos mandatarios que se hayan ausentado del país sin la correspondiente autorización otorgada de conformidad con la Constitución y la ley; aquellos que mantengan pendientes procesos judiciales cualquier índole relacionados con el ejercicio de sus funciones.
También, aquellos que no hubieren completado el período para el que fueron electos por destitución; abandono del cargo; declaratoria de incapacidad física o mental o revocatoria de su mandato; y en general, aquellos cuya designación fuere consecuencia directa de una ruptura de facto del régimen democrático, en detrimento de la Constitución o la Ley.
Así mismo, se agrega la Disposición Transitoria Décimo Primera que establece que en el plazo máximo de 60 días contados a partir de la vigencia de la presente reforma, el organismo competente de la Función Ejecutiva realizará el análisis correspondiente y remitirá al Ministerio rector de las finanzas públicas la nómina de los exmandatarios que incurrieren en las causales previstas en esta ley para proceder con el retiro de la pensión vitalicia, con efecto inmediato.
Rosana Alvarado en la exposición de motivos señala que este beneficio tuvo como finalidad reconocer a aquellos ciudadanos que ejercieron la primera magistratura del Ecuador con reconocido patriotismo e intachable pulcritud y consagraron su esfuerzo al servicio de la patria, dejando de lado el interés personal y sacrificando en aras del bienestar y progreso nacional.
Sin embargo, «resulta necesario precisar que aquellos mandatarios que no hubieren completado su período de elección por destitución, abandono del cargo, declaratoria de incapacidad física o mental o por revocatoria de su mandato o que se constituyan en gobiernos de facto, incumplen su más alto deber de servicio a la sociedad con probidad pues evidencian una falta de legitimidad con sus mandantes, lo que se traduce, en una falta al deber de defensa del orden democrático». (I)
Fuente: Asamblea Nacional