TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — Una multitud de personas «indignadas» paralizaron el viernes Tegucigalpa y entregaron una carta al embajador de Estados Unidos, solicitándole la intervención de ese país para que investigadores de la ONU resuelvan escandalosos casos de corrupción de funcionarios de Honduras.
El Senado estadounidense asignó la semana pasada dos millones de dólares para instalar un organismo contra la impunidad en Honduras de un paquete por 675 de los 1.000 millones de dólares ofrecidos por Washington para Guatemala, El Salvador y Honduras.
La aprobación de esos fondos ocurrió horas después que el consejero del Departamento estadounidense de Estado, Thomas Shannon, concluyó una gira de una semana por el Triángulo Norte de Centroamérica. Shannon dijo en esta capital que la Marcha de las Antorchas significa una oportunidad para que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández escuche los reclamos de su pueblo.
La marcha comenzó en el bulevar Morazán, donde la multitud cantó el himno nacional y luego caminó cuatro kilómetros hasta la sede diplomática estadounidense de Tegucigalpa. Después se dirigió a las cercanías de la Casa Presidencial a encontrarse con 29 muchachos que llevan tres semanas en huelga de hambre. Allí acampan rodeados de vallas metálicas y más de 100 soldados y policías con máscaras antigases.
En un comunicado, el embajador James Nealon reconoció haberse reunido con los líderes de la marcha y señaló que «Estados Unidos ayudará a los esfuerzos de Honduras a tratar de combatir la impunidad y corrupción y fomentar la transparencia», aunque aclaró que «no corresponde a mi país dictar qué mecanismo seria el indicado para afrontar la corrupción».
Los manifestantes portaron antorchas y banderas de Honduras, pero no de partidos políticos, en atención a las instrucciones de los seis jóvenes líderes del movimiento Oposición Indignada, que los convoca a través de las redes sociales. Durante más de tres horas corearon consignas como «el que no marcha, es corrupto», «se metieron con la generación equivocada», «lo hice porque quise, a mí no me pagaron», y «fuera JOH», en alusión a las iniciales del nombre del presidente.
Uno de sus dirigentes, Ariel Varela, dijo a The Associated Press que «el pueblo está en las calles porque ya no soporta la corrupción y seguirá así hasta que el presidente pida a las Naciones Unidas una comisión internacional contra la impunidad». Él considera que sólo la ONU puede limpiar de corrupción al país.
Acciones similares provocaron en Guatemala la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti por un escándalo de corrupción en las aduanas y organismos de seguridad social.
Hernández ha ignorado a la Oposición Indignada en un diálogo que convocó a finales de junio para enfrentar la crisis creada por las marchas de las antorchas, que casi a diario recorren las ciudades del país.
«El presidente habla con sus amigos, pero no con su pueblo», aseguró Varela. «Los hondureños no confiamos en las instituciones corruptas del país porque son manipuladas por el presidente».
Los manifestantes exigieron una vez más la renuncia del mandatario, del fiscal general Oscar Chinchila y del adjunto Rigoberto Cuéllar.
Los indignados comenzaron sus movilizaciones en mayo tras denunciarse el saqueo de más de 100 millones de dólares en el Seguro Social. El caso, uno de los mayores escándalos de corrupción del país, salpica a empresarios y políticos, incluso al propio presidente, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin que él lo supiera.
Honduras es una de las naciones donde se registran los índices de impunidad y violencia más altos del mundo. Hasta un 91% de los delitos cometidos no son enjuiciados nunca, según el Ministerio Público, y presenta la tasa de homicidios más alta del planeta, de 86 por cada 100.000 habitantes, en cifras estatales.