El rector encargado de la Universidad de Yachay, José Andrade, ha anunciado que la institución planteará las acciones legales que corresponda en contra del exrector de la entidad, Fernando Albericio, quien ha usado la palabra «irregularidades» para referirse a varias acciones decicidas por el Consejo de Gestión, del que él era parte.
El nuevo rector ha descrito las declaraciones de Albericio, publicadas por el sitio LaHistoria.ec, como «meras especulaciones sin ningún fundamento fáctico».
Albericio, que fue nombrado rector de la Universidad de Yachay en abril de 2014 por un período de cinco años, fue separado de sus funciones, según informó la prensa oficial el pasado 24 de julio. El ahora exrector ha dicho al sitio LaHistoria.ec que gente de su círculo ha recibido «amenazas de muerte».
El nuevo rector, José Andrade, citado por el diario oficial El Telégrafo, ha negado que las acciones realizadas para la contratación de autoridades sean irregulares, y ha agregado que el exrector en calidad de representante legal tuvo participación directa.
«Él (Albericio) como representante legal tiene triple responsabilidad. Primero como miembro académico de la comisión con voz y voto, en la cual el 97% de las decisiones fueron tomadas de manera unánime, segundo como único miembro académico que firma las actas de la Comisión Gestora, y tercero como la firma y representación legal y extrajudicial en la celebración de absolutamente todos los contratos, acciones de personal y documentos habilitantes para todos los procesos académicos y administrativos de la universidad», cita El Telégrafo.
Andrade dijo estar sorprendido de que Albericio haya afirmado que los académicos contratados no cumplen con los estándares de calidad, cuando se ha visto que tienen una formación y un desempeño de excelencia.
«Todas las autoridades reclutadas por Yachay Tech cumplen con los requisitos establecidos por los escalafones salariales en el decreto ejecutivo 247 y la ley que rige a todas las instituciones de educación superior de Ecuador».
Reiteró que es «sorprendente e incoherente que el brazo ejecutor y representante legal de la institución haya votado, aprobado y ejecutado acciones que él califica de inapropiadas. Él tenía la responsabilidad de informar a las autoridades pertinentes sobre estas supuestas irregularidades». (I)