La Asamblea Nacional tratará mañana, a las 09h30, en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
El debate tendrá como base el informe aprobado por la Comisión del Derecho a la Salud. La comisión recibió observaciones de la Asociación de Industriales del Ecuador, Ministerio del Interior, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Educación, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud Pública.
La comisión, en el marco conceptual de participación proactiva de la ciudadanía en la construcción de las leyes y normas fundamentales para el país, abrió un debate nacional para consultar el criterio de todos los organismos del Estado que tengan competencia sobre el tema y de las entidades del sector privado y sociedad civil relacionados directamente con la vigencia y aplicación del referido cuerpo legal para recoger las inquietudes y observaciones que se formulen y acopio de criterios y opiniones, lo que permitió elaborar un texto para segundo debate como resultado de proceso de consulta.
Para el efecto, la comisión se trasladó a varias provincias y ciudades del país, con el fin de escuchar y recibir las propuestas ciudadanas, de técnicos y profesionales.
El proyecto se fundamenta en expresas disposiciones constitucionales, como la del artículo 46 que determina que el Estado adoptará, entre otras las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su desarrollo.
También se consideró el artículo 363 que le obliga al Estado a formular políticas públicas que garanticen la promoción, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.
Además, el artículo 364 que determina que las adicciones son un problema de salud pública y que al estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.
El proyecto de ley prevé a la prevención como instrumento que atañe directamente a los sistemas nacionales en los campos de la salud, educación, educación superior, laboral, comunitario – familiar, recreativo – deportivo, cultural, comunicacional y de información; ámbitos en los que el Estado ejecutará las políticas, planes, programas y actividades sobe la prevención y consumo de drogas.
En el diseño, la prevención integral de fenómeno socioeconómico de las drogas está concebido como la intervención prioritaria del Estado a través de los órganos e instituciones que ejecuten rectoría o tengan competencia y atribuciones para hacerlo. (I)