El Senado chileno expresó hoy por «unanimidad» su «profundo rechazo» al proceso y sentencia contra el líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, «en razón de haberse vulnerado manifiestamente las garantías de un debido proceso».
A través de un texto de tres páginas, los legisladores solicitan a la Organización de Estados Americanos (OEA) que «ejerza sus buenos oficios» con el objeto de que los ciudadanos que se encuentran detenidos en Venezuela por razones políticas sean liberados.
A la solicitud de libertad de López se suma la de los ciudadanos Antonio Ledezma, Lorent Gomez Saleh, Gabriel Valles y Ronny Navarro.
Asimismo pidieron a la Unión Interparlamentaria que gestione con el Gobierno venezolano el ingreso de observadores independientes para las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en diciembre próximo «a fin de velar por su total transparencia».
En un rápido trámite la cámara alta acordó este martes manifestar su rechazo al proceso y sentencia que condena a López, «en razón de haberse vulnerado las garantías de un debido proceso, responsabilizándolo de hechos cuyos autores no han sido identificados».
En el documento, los senadores chilenos expresan además su total rechazo a las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó una intromisión de Chile en los temas internos de la nación caribeña.
«Por ninguna circunstancia se ha intentado inmiscuirse en asuntos internos de ese país, por el contrario solo se refiere a una expresión respetuosa sobre derechos humanos y garantías fundamentales», aseguraron los parlamentarios.
El Gobierno de Venezuela acusó este lunes al de Chile de haber hecho «juicios de carácter injerencista», en un comunicado alusivo al proceso contra López, donde lo instó a evitar «inmiscuirse en los asuntos internos» del país.
López, dirigente del opositor Voluntad Popular (VP) que está encarcelado desde febrero de 2014, fue sentenciado el pasado jueves a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.
Se trata de la mayor condena posible por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente por los hechos violentos ocurridos al final de una marcha convocada por él y otros, el 12 de febrero de 2014. EFE [I]