Las fuerzas de seguridad de Ecuador utilizaron fuerza excesiva para dispersar las protestas en contra del gobierno, que no hizo esfuerzos para investigar la situación, dijo el martes la organización Human Rights Watch.
En su reporte sobre los derechos humanos HRW sostuvo que «las autoridades no parecen haber hecho algún esfuerzo serio para investigar a los funcionarios que cometieron abusos. En su lugar, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad por su desempeño, desestimó las protestas como violentas y presentó cargos criminales contra manifestantes no violentos y transeúntes».
En agosto decenas de miles de ciudadanos protagonizaron protestas en al menos 10 provincias en contra del gobierno del presidente Rafael Correa, a quien acusaron de no respetar derechos laborales, educativos y gremiales y de alentar un proyecto de ley para la reelección presidencial por tiempo indefinido.
Aunque las protestas en su mayor parte fueron de carácter pacífico, hubo focos de enfrentamientos que dejaron un saldo de decenas de civiles heridos y unos 116 policías y militares con heridas de diversa magnitud.
Citado por el reporte, Daniel Wilkinson, director ejecutivo para las Américas de HRW, expresó que «las fuerzas de seguridad cometieron abusos graves contra los manifestantes y el gobierno las felicitó», al tiempo que señaló que «esto envía el mensaje de que el gobierno no sólo tolera sino que anima estos abusos».
Decreto del Cotopaxi
«Todos los ataques contra policías y militares deben ser investigados… pero los ataques de los manifestantes o los provocadores no son excusa para que las fuerzas de seguridad utilicen fuerza brutal contra los manifestantes y transeúntes pacíficos», expresó.
Precisó que el 17 de agosto, personal militar y de policía también usó «fuerza excesiva para dispersar una marcha en su gran parte pacífica contra el gobierno por parte de una comunidad indígena en Saraguro», al sur del país, donde incluso irrumpió en viviendas de personas que no protestaban.
En medio de la situación, el 15 de agosto Correa firmó un decreto declarando el estado de emergencia en todo el país debido a la reactivación del volcán Cotopaxi, 50 kilómetros al sur de la capital.
«El gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica… (para) conceder amplios poderes para desplegar el ejército en todo el país y suspender los derechos fundamentales», afirmó Wilkinson, lo que permitió enviar soldados y policías para dispersar la protesta en Saraguro «a más de 500 kilómetros de distancia del volcán».
La fiscalía informó a HRW que se han abierto 130 casos contra ciudadanos de 10 provincias y que 28 siguen presos, pero no incluyó «ninguna información sobre las investigaciones contra la policía o los militares acusados de cometer abusos». (I)
