Correa anuncia acuerdo de pagos a Oxy

Malchinguí (Pichincha), 09 ene 2016.- El Presidente de la República, Rafael Correa, rinde su informe semanal a la ciudadanía, durante el Enlace Ciudadano No. 458, realizado en el estadio de la liga parroquial de Malchinguí. Foto: Miguel Ángel Romero/Presidencia de la República.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que su país ha alcanzado un acuerdo de pagos con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), sobre un fallo de un comité internacional de arbitraje que condenó al Estado a pagar a la compañía 1.400 millones de dólares.

El mandatario, en su habitual informe de los sábados, informó que este viernes se llegó a un acuerdo con la Oxy y que el país alcanzó un descuento de 420 millones de dólares, en unas negociaciones que calificó de «durísimas».

Correa dijo que varias veces los representantes de Oxy «se levantaron de la mesa

«Teníamos plazo para pagar 1.400 millones de dólares de indemnización y teníamos que llegar a un acuerdo para evitar que nos pongan juicios, nos cierren cuentas, nos incauten fondos, etcétera, nos cierren fondos de financiamiento, que nos hubiera  hecho un grave daño al país. Hemos firmado un acuerdo de pagos con Oxy y la controversia se ha saldado de forma amistosa», ha dicho Correa.

Correa ha reconocido que la negociación no le dejaba «ni dormir». «Se levantaban de la mesa, decían que ya el lunes nos iban a demandar, eso significaba que nos cerraban cuentas en Estados Unidos, nos incautaban fondos, se nos cerraban fuentes de financiamiento, cosas muy graves para el país. Así que, como una muestra de buena voluntad pagamos el 21 de diciembre 100 millones de dólares, de esa manera podíamos decir al juez que teníamos intención de pagar. Ahora tenemos que pagar otros 100 millones antes del 15 de enero. ¡Es duro! Porque sabemos que tenemos retrasos a nivel nacional, pero estamos precautelando los intereses del país», ha relatado Correa.

Correa admitió que en las negociaciones, su país también aceptó hacerse cargo de pasivos tributarios y laborales que la compañía estadounidense tiene en Ecuador.

Con ello, dijo Correa, la reducción del pago es de, al menos, 17,2 % (unos 240,8 millones de dólares).

El mandatario recalcó que ese acuerdo le evitó al país nuevas demandas de la petrolera, que se cerraran líneas de crédito o aumentara el riesgo país, entre otras consecuencias.

El plan de pago, añadió, ya empezó con un primer desembolso de 100 millones de dólares el pasado 21 de diciembre y que el próximo pago por una cantidad similar se efectuará el 15 de enero.

Asimismo, se prevé que el próximo desembolso por 200 millones de dólares se entregue el 29 de febrero y otros 300 millones el 31 de marzo, mientras que el remanente, hasta alcanzar los 980 millones, hasta el 29 de abril.

Con ello, aseguró Correa, se cerrará el litigio arbitral con la petrolera Occidental que empezó en 2006 y que concluyó con el laudo de condena en noviembre pasado.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) ordenó a Ecuador pagar a Oxy unos 1.000 millones de dólares, tras un proceso por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.

Ese monto ascendió a 1.400 millones de dólares al sumar los intereses, pero ambas partes iniciaron negociaciones para alcanzar un acuerdo amistoso.

Este proceso comenzó en 2006, cuando Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi después de que el Gobierno declarara la caducidad de un contrato de explotación de crudo, por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.

El ministro que firmó la caducidad fue Iván Rodríguez. La decisión se tomó durante el gobierno del Presidente Alfredo Palacio. La decisión fue apoyada vivamente por el entonces candidato presidencial Rafael Correa, que había sido ministro de Economía de Palacio. Correa llegó a amenazar con la cárcel en un gobierno suyo si no se declaraba la caducidad del contrato.

El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió la operación de las instalaciones de la compañía estadounidense (justificada en el contrato), lo que para la petrolera fue una confiscación de sus activos y una violación al tratado de inversiones con Estados Unidos. (I)

  • Con reportes de EFE

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